El escándalo de espionaje por parte de Brasil habría “venido como anillo al dedo” al gobierno de Santiago Peña, ante la ausencia de una estrategia clara para la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú. Esta afirmación, hecha recientemente por el diputado Raúl Benítez en una audiencia pública sobre el tema, sugiere que la crisis diplomática podría estar siendo utilizada como una cortina de humo para ocultar la inacción o la falta de preparación en un tema de vital importancia para el futuro energético y económico del país.

Las últimas publicaciones de la prensa brasileña, en particular del medio UOL, han desvelado nuevos detalles sobre la operación de espionaje denominada “Duque”, que habría accedido a documentos clasificados y hasta discursos de autoridades paraguayas relacionados con Itaipú. Lo más preocupante es la confirmación de que estos actos de espionaje persistieron incluso durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, contradiciendo las afirmaciones iniciales del Itamaraty sobre la suspensión de la operación al enterarse de esta.

A pesar de estas revelaciones, la postura oficial del gobierno paraguayo, según el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, sigue siendo “firme” en la exigencia de explicaciones a Brasil. El también consejero ha reiterado que las negociaciones sobre Itaipú permanecerán paralizadas hasta obtener una respuesta satisfactoria, enfatizando la necesidad de reconstruir la confianza para avanzar en cualquier diálogo bilateral.

Gobierno suspende negociación con Brasil sobre Itaipú hasta que aclare caso espionaje

Sin embargo, la insistencia del ministro en esperar solamente las explicaciones de Brasil ha generado debate. Ante la contundencia de las pruebas divulgadas por la prensa brasileña, surge la interrogante sobre la pertinencia de mantener una postura pasiva, cuando la información obtenida mediante espionaje podría haber comprometido gravemente la posición negociadora de Paraguay.

Por otra parte, también existe una fuerte crítica de técnicos del sector eléctrico y políticos sobre la falta de transparencia en el manejo de los US$ 650 millones para gastos sociales. Este monto se estaría disponiendo de forma discrecional para grandes compras y obras, pero evadiendo los controles de todas las instituciones del Estado.

La falta de transparencia en la utilización de recursos económicos de Itaipú más la falta de un acuerdo sobre el Anexo C son grandes deudas del actual gobierno.

Revelan hackeo de Brasil a Paraguay: espiaban a autoridades para tener información sobre Itaipú

Representantes de Paraguay y Argentina suscribieron en mayo un acuerdo operativo para la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), con una tarifa provisoria que subió de 22,63 a 28 US$/MWh. Para destrabar el avance del pacto, se eliminó del acta la referencia a la Nota Reversal de 1992 que nuestro país no reconoce.

Sin embargo, semanas después, el vecino país emitió una resolución en la que advierte que la diferencia entre la “tarifa de Yacyretá” y los US$ 28/MWh, la binacional deberá descontarla de la deuda histórica de Yacyretá con el Tesoro Argentino. La tarifa a la que se refiere es la que fue fijada por la rechazada Nota Reversal de 1992, que según el presidente Santiago Peña no tiene valor para el Paraguay.

Otro aspecto muy debatido este último año es la falta de inversión en el sector eléctrico y el inminente colapso eléctrico si esta situación persiste y sigue en aumento el uso de la energía por las criptominerías. “De 2.600 millones de dólares que tendría que haberse invertido, se invirtieron 1.200 millones. Hay 1.400 millones que no se invirtieron. Eso tiene su impacto”, advirtió recientemente el exconsejero de Yacyretá, Ángel María Recalde.