La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) renovó recientemente su comisión directiva: Raúl Valdez, actual director de Logística de la compañía multinacional Archer Daniels Midland (ADM), asumió la presidencia del gremio, siendo ya referente del sector agroindustrial y naviero del país.

En entrevista con ABC, señaló que la navegación fluvial es un eslabón estratégico en la cadena agroindustrial y recordó que su experiencia en el sector logístico le permite ahora comprender de forma integral los desafíos estructurales que enfrenta la industria aceitera. “El desarrollo de una agroindustria competitiva exige también una logística eficiente y sustentable y ese será uno de los focos prioritarios de mi gestión al frente de la Cappro”, aseguró.

Se refirió igualmente a la compleja situación que enfrenta la industria aceitera nacional y abogó por políticas de Estado que impulsen el “agregado de valor” dentro del país, facilitando inversión, empleo y arraigo territorial.

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-¿Cómo definiría la situación actual de la industria aceitera o de industrialización de granos?

-La industria aceitera paraguaya ha logrado avances sustanciales en el procesamiento de granos, desarrollando capacidades tecnológicas que permiten transformar soja en productos de mayor valor agregado como aceite, harina y cascarilla. Estos productos son insumos estratégicos para la elaboración de biocombustibles, alimentos balanceados y otros derivados de alto impacto económico.

Sin embargo, en 2024, las plantas procesadoras trabajaron al 61% de su capacidad instalada, y actualmente alcanzan un 65%, lo que evidencia una subutilización persistente. Mientras tanto, el año pasado se exportaron casi 8 millones de toneladas de soja en estado natural y solo se procesaron internamente 2,5 millones de toneladas, apenas un 25% de la cosecha.

Para dimensionar el potencial desaprovechado, basta con mirar a nuestros vecinos. En 2024, Argentina logró una producción total de soja de 48,2 millones de toneladas e industrializó más del 70% de su producción nacional, además de cerca de 8 millones de toneladas importadas, de las cuales casi 7 millones fueron de origen paraguayo.

La comparación es clara: el agregado de valor no es una utopía, es una decisión estratégica que impacta en empleo, ingresos y desarrollo. Este tipo de decisiones forman parte de políticas públicas activas que, sin alterar las reglas del mercado, buscan orientar el desarrollo hacia sectores con alto impacto económico y social. Se trata de una de las acciones clave para encaminar al país hacia un modelo productivo más inclusivo y sostenible.

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-¿Cuáles son los principales desafíos que hoy enfrenta este sector de la agroindustria?

-Paraguay es el sexto productor y el tercer exportador mundial de soja, con un potencial agroindustrial enorme. No obstante, el 75% de nuestra cosecha se exporta sin procesamiento, que representa una oportunidad enorme de generar divisas industriales y empleo de calidad.

El desafío central radica en cerrar esa brecha: aprovechar al máximo la capacidad instalada, crear condiciones de competitividad para las industrias procesadoras y corregir distorsiones que hoy no estimulan al modelo de industrialización de oleaginosas.

-¿Cuáles son los cambios que se deben llevar adelante para impulsar el sector?

-Necesitamos reactivar una agenda de políticas públicas orientadas a fortalecer la competitividad industrial, como ya sucede en otros sectores agroindustriales del país. Es indispensable avanzar en tres frentes concretos.

El primero es corregir las distorsiones fiscales que hoy afectan específicamente a las exportaciones de productos industrializados derivados de la soja, como la harina y el aceite, para potenciar las condiciones de competitividad en mercados internacionales.

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El segundo es trabajar en un marco de referencia para la comercialización local, que genere un equilibrio de competitividad entre el mercado exportador e industrial, atendiendo las complejidades de los mercados regionales y globales.

El tercero es implementar un régimen de promoción industrial para el sector, con el objetivo de potenciar industrias locales y atraer inversiones complementarias relacionadas con la producción de carnes y biodiésel, aprovechando la disponibilidad local de insumos críticos generados por el procesamiento de oleaginosas.

Impulsar el procesamiento local permite multiplicar el impacto económico: genera empleo directo e indirecto, promueve inversiones, mejora la recaudación fiscal y dinamiza economías regionales de manera sostenible. En ese sentido, avanzar hacia una agroindustria más robusta también contribuye a los pilares de innovación, empleo formal y sostenibilidad planteados en el plan Paraguay 2035, impulsado recientemente por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

-¿Cuáles son los factores que siguen limitando la industrialización en el país?

Persisten varios factores estructurales como las desventajas en el precio de compra de la materia prima frente a nuestros competidores. No se puede dejar de mencionar la alta informalidad y el contrabando, especialmente en el comercio de aceites.

Aceiteras están lejos de aprovechar su potencial y realizar inversiones: ¿por qué es crucial su incentivo?

También se destaca la necesidad de potenciar las mejoras en la hidrovía Paraguay-Paraná, a través de reformas institucionales e inversiones en infraestructura que aborden la problemática de fondo de manera sostenible y aseguren previsibilidad logística. Existen además asimetrías fiscales que penalizan la exportación de productos procesados.

Superar estos obstáculos es clave para fortalecer la soberanía económica y convertirnos en una potencia agroindustrial.

¿A qué se apunta con la obtención de una política fiscal equitativa y otros incentivos para la agroindustria?

-Las diez compañías asociadas a Cappro han invertido más de US$ 1.000 millones en infraestructura y tecnología. Es una apuesta concreta al desarrollo del país, que ya ha generado miles de empleos y apalancado otras cadenas industriales.

La industrialización permite una distribución continua, profunda y sostenida del ingreso a lo largo de la cadena: desde los productores, acopios, el transportista, el mecánico, los proveedores, hasta los vendedores de alimentos en las playas de estacionamiento, que sostienen la educación de sus hijos con el fruto de esa cadena. Por eso, creemos que es estratégico trabajar con el Gobierno para establecer incentivos que permitan que el sector desarrolle el 100% de su potencial productivo.

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-¿En qué consiste la política industrial a la que apunta la Cappro?

-Nos referimos a un marco de políticas de Estado que impulse el agregado de valor dentro del país, facilitando inversión, empleo y arraigo territorial. Esto debe traducirse en una estrategia de largo plazo, con reglas previsibles, articuladas con el sector privado y alineadas con los desafíos de competitividad internacional.

Estoy convencido de que Paraguay se encuentra en una posición única para convertirse en una potencia global en la producción de alimentos de altos estándares nutricionales, y de manera sostenible.