El transporte público en el Área Metropolitana de Asunción (AMA) atraviesa una crisis estructural. Pese a la creciente inversión estatal en subsidios (US$ 45 millones en 2024), persisten las esperas prolongadas, el hacinamiento y las unidades deterioradas. No hay mecanismos transparentes de control ni garantías mínimas de calidad. Desde Horizonte Positivo Paraguay sostienen que el transporte debe entenderse como un componente clave de la dinámica económica, social y urbana.

¿Dónde estamos?

A fines de 2024, el Viceministerio de Transporte (VMT) presentó un anteproyecto de ley para modernizar el sistema nacional de transporte y, en particular, el servicio metropolitano de pasajeros. El documento fue sometido a consulta pública, pero no llegó a ser presentado ante el Congreso Nacional. Esta propuesta preliminar podría representar una oportunidad para revertir la situación actual, aunque requiere ajustes sustantivos para constituir una reforma estructural.

A continuación, Horizonte Positivo destaca cuatro aspectos clave que consideramos fundamentales para una reforma estructural del transporte público.

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1. Institucionalidad metropolitana y coordinación efectiva

El sistema de transporte público en el AMA funciona con tres actores que regulan distintos tramos del servicio, pero sin coordinación real entre ellos:

El VMT, responsable del transporte metropolitano; La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), que regula el transporte por carretera de pasajeros y cargas, nacional e internacional ; y Las municipalidades, que gestionan los recorridos internos en sus distritos.

Cada uno de estos actores opera bajo su propio marco. No existe una instancia que articule decisiones ni planifique de forma integrada. Esto provoca superposición de rutas, con buses de distintas jurisdicciones circulando por los mismos corredores sin una lógica de red. También, se otorgan autorizaciones sin control cruzado y la oferta resulta desorganizada, más adaptada a la conveniencia empresarial que a las necesidades de los usuarios.

A esto se suma la falta de capacidad técnica en muchos municipios y la ausencia de herramientas compartidas para monitorear frecuencias y fiscalizar el servicio. Sin una estructura institucional que garantice gobernanza territorial, cooperación efectiva y sistemas interoperables, el riesgo es repetir los mismos problemas con nuevas reglas.

2. Subsidios eficientes y mejora tangible del servicio

El sistema recibe más de US$ 45 millones anuales en subsidios, pero la calidad del servicio sigue siendo deficiente. Persisten frecuencias inestables, unidades deterioradas y amenazas de interrupción por disputas financieras. Esto revela una clara desconexión entre el gasto público y los resultados percibidos por la ciudadanía.

La reforma debe vincular subsidios al desempeño mediante indicadores verificables: cumplimiento de frecuencias, renovación de flotas, mejoras en seguridad y accesibilidad. Los contratos deben prever sanciones ante incumplimientos y el uso de fondos debe estar sujeto a auditorías externas. Cada guaraní invertido debe traducirse en mejoras visibles para los usuarios.

No obstante, mejorar la oferta no basta. El diseño del sistema también debe fomentar la demanda. Muchas personas evitan el transporte público no por una cuestión de ingresos, sino por su precariedad e imprevisibilidad. Para ampliar la cobertura, el Estado debe recuperar la confianza ciudadana con mejoras tangibles e incentivar el uso mediante tarifas integradas, descuentos por frecuencia y beneficios para estudiantes y trabajadores formales. Sin una estrategia que combine calidad de oferta con estímulos a la demanda, el sistema seguirá perdiendo usuarios y legitimidad.

3. Transparencia y rendición de cuentas

El uso de tecnología y sistemas inteligentes de transporte es una de las fortalezas del anteproyecto. No obstante, se omite la incorporación de principios de transparencia activa y de publicación periódica de indicadores operativos, financieros y de calidad. Sin estos mecanismos, no es posible ejercer un control ciudadano o institucional efectivo.

La ley debe incluir un artículo específico sobre datos abiertos, que establezca la obligación de publicar, en formatos reutilizables, información clave sobre frecuencias, cobertura, ingresos, cumplimiento de rutas y desempeño de los prestadores. Esta información no solo debe estar disponible para las instituciones, sino también accesible a la ciudadanía, como herramienta de monitoreo y rendición de cuentas.

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4. Garantías mínimas para ampliar el acceso al sistema

El anteproyecto introduce principios como la accesibilidad y las tarifas sociales, pero sin definir criterios de elegibilidad, mecanismos de implementación ni fuentes de financiamiento específicas. Si bien en Paraguay ya existen beneficios como el pasaje estudiantil, se han señalado dificultades de acceso efectivo. También se advierten brechas en la cobertura para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres usuarias del sistema.

Sin condiciones mínimas operativas y técnicas, los derechos consagrados en la ley corren el riesgo de quedar en el papel. Establecer estándares verificables, asegurar recursos y diseñar sistemas de monitoreo son pasos necesarios para ampliar el acceso real al transporte público. Más allá de su valor social, estas medidas pueden fortalecer la demanda, mejorar la sostenibilidad financiera y posicionar al sistema como una opción más justa, segura y eficiente para toda la población.

En definitiva, la reforma del transporte público debe ser el primer paso hacia una transformación más profunda del sistema de movilidad en Paraguay, puntualiza Horizonte Positivo. Esto implica avanzar hacia un modelo metropolitano, multimodal, sostenible y centrado en las personas, donde la integración de modos de transporte, la planificación urbana, la interoperabilidad tecnológica y la inclusión social se conviertan en pilares de política pública. Para lograrlo, se requiere una ley que no solo corrija deficiencias actuales, sino que habilite una nueva etapa de gobernanza, transparencia, equidad y eficiencia en la movilidad urbana del país.