La Cámara de Senadores no alcanzó los 23 votos para sancionar su versión, sino que obtuvo solamente 20 de cartistas y entre estos 4 liberocartistas: José “Pakova” Ledesma, Noelia Cabrera, Hermelinda Alvarenga, Dionisio Amarilla y el liberal Ever Villalba. Hubo 3 votos a favor de la versión Diputados, 8 abstenciones y 3 que no votaron en ningún sentido.

Días previos al tratamiento del proyecto de ley que amplía las salas del Tribunal de Cuentas de dos a cuatro, las comisiones de Legislación y de Asuntos Constitucionales, presididas respectivamente por senadores cartistas, Derlis Maidana y Javier Zacarías Irún, dictaminaron en mayoría a favor de la ratificación del texto de la Cámara de Senadores.

Tanto la versión de Diputados como la del Senado planteaban ampliar las salas del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, el Senado introdujo modificaciones al texto original facultando a los Tribunales a no solamente limitarse a la competencia de los juicios contencioso administrativos, sino al juzgamiento de las cuentas del Presupuesto General de la Nación.

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El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Zacarías Irún, en todo momento defendió la modificación y pretendió negar que se busque restar potestad a la Contraloría. Incluso dijo que derivar el juzgamiento de las cuentas podría generar tranquilidad a los administradores públicos y no se vean sometidos a los vaivenes de la política y eventual extorsión.

“Una auditoría de la Contraloría no es vinculante; sin embargo, una sentencia del Tribunal de Cuentas si es una sentencia que ya perdura en el tiempo”, dijo el senador cartista.

En el mismo sentido, el presidente de la comisión de Legislación, Derlis Maidana (ANR, HC), fundamentó a favor de la modificación e incluso se amparó en un dictamen de la Corte Suprema de Justicia, pero relacionada a la ampliación de las salas.

Maidana, dijo que la modificación buscaba reestablecer la atribución del Tribunal de Cuentas para el juzgamiento de cuentas “jamás debió cuestionarse”. Sin embargo, luego dijo que en ningún momento buscaban cercenar las funciones de la Contraloría.

Posiciones en contra de la modificación

El senador Eduardo Nakayama (independiente) afirmó que quienes recurren al Tribunal de Cuentas son aquellos que no quieren ser controlados y apelan a artilugios para ir a presentar sus documentos para bloquear cualquier informe que el poder contralor pretenda hacer, entre ellos intendencias y gobernaciones de todos los colores.

Recordó que el contralor Camilo Benítez les advirtió de la zona gris. “Si queremos trabajar en pro de la transparencia, no podemos de ninguna manera dejar de escuchar el pedido expreso de la Contraloría”, afirmó y dijo que dar competencia al Tribunal de Cuentas tampoco garantiza que no se extorsione desde el Poder Judicial.

“No podemos utilizar esto como blindaje pos administración pública. Si uno tiene que rendir cuentas en el sector privado, con más razón lo debe hacer donde se maneja recursos públicos”, enfatizó.

Rechazan validar maniobras de corruptos

Por su parte, el senador Rafael Filizzola (PDP) recordó que el debate de devolver la competencia al Tribunal de Cuentas fue previo a la elaboración en 1992 de la Constitución Nacional.

“Que la Contraloría eventualmente abuse, chantajee y mire hacia otro lado no quiere decir que tengamos que validar las maniobras de administraciones para no rendir cuentas ante la Contraloría”, dijo.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) dijo que mientras seguía el procedimiento legislativo del proyecto de ley surgían las versiones que la Contraloría extorsiona, aprieta, y pidió que denuncien. Indicó que el Tribunal de Cuentas se convirtió en el cementerio de documentos de dudosa legalidad a los efectos de que no sea auditado por la Contraloría.

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“Así como hay rumores de que la Contraloría extorsiona y chantajea hay rumores que en el Tribunal de Cuentas hay tarifas por esconder los documentos. Hay rumores de hace mucho tiempo de que los miembros del Tribunal son los que más se venden”, dijo.

Indicó que el pacto de caballeros que se hizo hace muchos años es que la Contraloría debía estar en manos de un opositor. “Acá se tiene que dar de vuelta la Contraloría a un opositor si pretendemos mínima transparencia”, afirmó.