Tras conocer de la imputación a la jueza penal de garantías de Lambaré, Isabel Beatriz Bracho Pedrozo, por cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y ejecución penal y realización de hechos por funcionarios, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revolvió suspenderla, pero por votos en mayoría, con goce de salario básico.

Al momento de tratar el asunto concerniente a la situación que involucra a la magistrada lambareña, los ministros de la Corte votaron en el siguiente orden: Gustavo Santander Dans, César Antonio Garay Zuccolillo, Manuel Ramírez Candia, por la suspensión de la jueza Isabel Bracho sin goce de salario.

Imputan a jueza y exfiscala por supuesta coima de US$ 50.000 para blanquear a presunto narco

En un principio el ministro Eugenio Jiménez Rolón votó por la suspensión con goce de salario, sin embargo, luego de las argumentaciones brindadas por el ministro César Garay, Jiménez reculó y cambió su voto por la suspensión sin goce de salario.

Mientras que, los ministros Luis María Benítez Riera, Víctor Ríos, Alberto Martínez Simón y el presidente César Diesel,votaron por el inicio de un sumario administrativo a la jueza Isabel Bracho y su suspensión, pero con goce de salario.

Como Dieel en su calidad de presidente tiene doble voto, prevaleció la suspensión con goce de sueldo.

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Imputan a jueza, actuaria y exfiscala por presunto soborno de narcotraficante

El fiscal Néstor Coronel, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó este lunes a la jueza penal de garantías Isabel Bracho, la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira Brítez, y a la hoy ex fiscala Egidia Gómez Denis, por cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y ejecución penal, así como la comisión de hechos por funcionarios.

Supuestamente Bracho y Gómez favorecieron irregularmente al presunto narcotraficante Walter José Galindo Domínguez. Según el acta presentada por el fiscal Coronel, la magistrada cobró US$ 50.000 para revocar la prisión preventiva y otorgar arresto domiciliario al procesado en el caso Mercat.

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Además, con una serie de artimañas con aparente complicidad de la magistrada y la fiscala, a cambio de pagos de sumas de dinero en dólares, Galindo logró zafar de ese proceso, según la imputación,

El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, admitióel requerimiento fiscal y citó para el 28 de noviembre a las 11:15 a la ex fiscala Egidia Gómez y a las 11:30 a la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira. También, comunicó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que sesiona mañana, el pedido de desafuero en relación a Isabel Bracho.

Se otorga a la imputación un poder inconstitucional, según ministro Río

Al momento de dar a conocer sus votos, cada ministro expuso sus consideraciones sobre el caso de la jueza Isabel Bracho. En su turno, el ministro César Garay dijo “me adherí a las fundamentaciones del superintendente, porque mi convicción jurídica es sin goce de sueldo, porque se trata de cohecho pasivo agravado a un narcotraficante y pido sin goce de sueldo”.

En tanto que el ministro Víctor Ríos, intentó defender su postura de que la magistrada goce de salario básico mientras no esté trabajando, por motivo de la suspensión decidida. Pese a que la información sobre la imputación de la magistrada Isabel Bracho y la ex fiscala Egidia Gómez tomó notoriedad este martes último, Ríos expresó durante la sesión “ahora me entero de que hay una imputación”.

En otro momento cuestionó que se tenga que suspender a la magistrada como consecuencia de la investigación penal de la Fiscalía. “¿Acaso la imputación constituye verdad sagrada, verdad bíblica, no hay posibilidad de error? Si esta es la tónica, los jueces de garantías deben dictar medidas”, expresó en tono de ironía.

Luego agregó que “si este es el paradigma de actuación, el manejo es muy fuerte para los jueces de garantías, se le otorga a la imputación un poder inconstitucional, se la asume como verdad sagrada, inconstrastable”.

A su turno, el ministro Manuel Ramírez manifestó sobre el caso: “tenemos todo, este es un caso que hace mucho tiempo se ha divulgado por las redes, hemos escuchado audios y la gravedad a mi modo de ver, está y por supuesto vamos a escucharle pero es una medida cautelar”.

Jueza fue confirmada en el cargo, pese a investigación fiscal en su contra

En abril de 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó en el cargo de jueza penal de garantías a Isabel Bracho. Cabe señalar que entonces, el Ministerio Público ya tenía una investigación penal abierta en contra suya, por hechos derivados del caso Mercat, en el que se indagó por narcotráfico y reducción a Walter José Galindo Domínguez, en 2021.

En aquella oportunidad el ministro Eugenio Jiménez Rolón había manifestado, casi como un defensor de la magistrada, “mucho se ha hablado y mucho se ha publicado incluso, respecto de quien actualmente está en la titularidad del cargo”.

“Es la razón por la que me he tomado el tiempo para escudriñar en los documentos que son en definitiva los que se tienen que tomar en consideración a los efectos de la decisión. Entonces, con los documentos a mano veo, y tengo a disposición, que ese sobreseimiento fue otorgado con la anuencia, el allanamiento correspondiente del Ministerio Público”, añadió Jiménez.

La Corte confirma a jueza Isabel Bracho, investigada por la Fiscalía

En ese proceso Walter José Galindo fue sobreseído definitivamente por narcotráfico, presuntamente tras haber pagado sobornos a la jueza Isabel Bracho, a la fiscala Egidia Gómez y a médicos forenses del Poder Judicial.

“Por tanto creo que estas conjeturas, si así pueden llamarse, no podemos tomar en consideración para privarle de la carrera a un magistrado, esto sin perjuicio de que en caso de surgir algo el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados pueda hacer su trabajo. Veo que esta jueza Isabel Bracho tiene 22 años de experiencia laboral, en todo este tiempo son estos elementos los que significan una mancha, si así puede decirse, en su carrera”, refirió también Jiménez Rolón.