Un cuestionario con 58 preguntas remitió con anticipación la mesa directiva del Senado al presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez. Fue con la invitación para la comparecencia de hoy, a las 10:00, ante los legisladores de las diferentes bancadas.

En la documentación se deja constancia que el objetivo es conversar sobre el manejo del IPS, para lo cual se preparó una serie de preguntas que fueron puestas a consideración del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista).

Uno de los ítems abordados tiene que ver con la evasión y subdeclaración. En ese sentido, se cita un convenio firmado entre el IPS y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para la formalización del seguro social a través del cruzamiento de datos institucionales.

En ese momento la evasión patronal con el IPS era del 90% (de 650.000 empresas solo estaban inscriptas 65.000), por lo que se pregunta: ¿Cuántas empresas se han formalizado a través de dicho convenio? ¿Ha disminuido la evasión patronal del 90%? ¿Se tienen identificados los sectores patronales que siguen al margen del seguro social? ¿Cómo están encarando la subdeclaración de salarios?

De los ingresos declarados mensualmente en los estados financieros, ¿cuántos son efectivamente cobrados? ¿Cuál es la morosidad de la cartera a cobrar en concepto de aportes obrero-patronal? ¿Qué acciones han dispuesto para reducir la morosidad patronal y mejorar la recaudación?” (sic).

Como siguiente punto está la utilización de las reservas. Al respecto, la pregunta es: “¿Pueden indicar documentadamente (periodos 2021- 2025), las respectivas resoluciones autorizantes?” (sic).

Otro ítem de interés es sobre el déficit de caja para este periodo de 2025. ¿Cuál es el impedimento para subsanar este déficit administrativo-financiero, sin tener que afectar rentas de alquileres u otros recursos del fondo de jubilaciones? ¿En qué cuenta se registran los cobros de aportes posteriores al 15 de cada mes? Los cobros por aportes de cada segunda quincena, ¿cancelan los recursos utilizados temporalmente (rentas de alquileres)? o a qué gasto se destinan? (sic), se pregunta.

El otro ítem de interés es sobre las disponibilidades a la vista. En ese sentido, las consultas son: ¿Cuál es la razón para mantener este volumen de disponibilidades a una tasa de interés cero o mínima, cuando podrían utilizarse para cubrir el déficit temporal de caja revelado por el mismo Consejo de Administración, o aplicarse a instrumentos financieros (CDA, bonos) que generen rentas financieras? ¿Existe algún tipo de impedimento de orden normativo o legal para utilizar esa disponibilidad (11 o millones de dólares a la vista) para suprimir el descalce temporal de flujo de caja? y ¿Por qué el 69% de esa disponibilidad a la vista está concentrada en un solo banco? (sic).

Inversiones y rentabilidad de fondos

El cuestionario también incluye preguntas sobre los fondos de jubilaciones: ¿Qué criterios de riesgo y rentabilidad se utilizan actualmente para la selección de instrumentos de inversión del fondo de jubilaciones? ¿Se contempla diversificar las inversiones del fondo de jubilaciones en mercados internacionales o activos no tradicionales con alta calificación crediticia? ¿Cuál ha sido la rentabilidad promedio real del fondo de jubilaciones en los últimos cinco años, ajustada por inflación? ¿Qué porcentaje del fondo se encuentra invertido en activos líquidos y qué porcentaje en activos de largo plazo? y ¿Cuál es el porcentaje actual de las inversiones del fondo concentradas en el sistema financiero nacional? (sic).

Deudas del Estado y convenios con el MSP

Otro ítem consultado y para el que se espera una respuesta hoy es sobre la deuda por aportes no realizados por el Estado, que hasta mayo de este año ascendía a US$ 574 millones. ¿Qué acciones se están tomando para el cobro de la deuda? y ¿Se solicitó o gestionó la inclusión del aporte trimestral del Estado en el presupuesto anual de gastos a fin de asegurar este pago a partir de este año?, son las preguntas.

Por otro lado, se menciona que el Ministerio de Salud acumula una deuda de US$ 80 millones con el IPS por la atención de pacientes no asegurados durante la pandemia del covid-19. Al respecto, la consulta es: ¿Qué acciones se están tomando para el cobro de la deuda?

Igualmente se citan los convenios entre el Ministerio de Salud y el IPS para la atención de no asegurados. En ese sentido las preguntas son: ¿Qué patologías o especialidades cubrirá el IPS a no asegurados? ¿Está el seguro de salud del IPS en condiciones de atender la demanda adicional de pacientes no asegurados? ¿Está contemplado en el presupuesto de IPS el incremento de gastos en recursos médicos, infraestructura hospitalaria, personal médico y administrativo, insumos y medicamentos que demandarán estos convenios? y ¿Cuál es el mecanismo de pago al IPS por los servicios a no asegurados?