El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Silvio Corbeta Dinamarca, acusó por el hecho punible de estafa a los funcionarios de la ANDE: Ronie Pastor Rodríguez Aquino, Gerardo Javier Samudio Benítez, Edgar Ismael Báez González, Fernando Cesar Giménez Morel; y Julio Javier Lovera Caballero, este último funcionario de la firma contratista Compañía de Ingeniería Metal Eléctrica SRL (CIME SRL).

Para los cinco nombrados previamente, Corbeta solicitó al juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, que afronten juicio oral y público. Esto será analizado en la audiencia preliminar, para cuya realización en la magistrado estará fijando fecha.

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El fiscal acusó en base a elementos de convicción que refieren que, entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022, los funcionarios de la ANDE solicitaron, retiraron y entregaron cables propiedad de la entidad, que totalizaron 334.213 metros lineales de tendido, causando un perjuicio de G. 7.199.832.507, unos US$ 906.779 al cambio de hoy.

Por otra parte, el agente del Ministerio Público solicitó el sobreseimiento provisional para otros tres funcionarios de la ANDE, investigados por estafa, reducción, apropiación y asociación criminal: Egidio Javier Bordón Díaz, Juan Gabriel Gozález Benítez, y Francisco Ariel Ocampo.

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El agente fiscal refirió en su pedido de sobreseimiento provisional para los funcionarios de ANDE, Egidio Javier Bordón Díaz; Juan Gabriel Gozález Benítez y Francisco Ariel Ocampo, que “las pruebas obtenidas hasta la fecha son insuficientes para determinar si la conducta de los mismos constituye una “falta administrativa” o una “conducta atribuible y sancionable penalmente”.

Aclaró en su escrito “el sobreseimiento, mientras no se haya convertido en definitivo, deja abierto el proceso hasta la aparición de nueva información que amerite ir al juicio”.

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En tal sentido, Corbeta enumeró un total de 10 diligencias que busca completar para incorporar a su causa para su requerimiento conclusivo. Entre ellas, informe de la firma CIME SRL a fin de “poder constatar a ciencias ciertas si existe una desautorización por desvinculación laboral del empleado Julio Javier Lovera Caballero, en relación a sus funciones ante la ANDE”.

Así también, informe solicitado a la citada empresa “sobre la remisión de dicha comunicación a la unidad solicitante ANDE Limpio y a la sección de Despacho sede Boggiani”, igualmente informa de al ANDE sobre la desautorización por desvinculación a Julio Lovera.

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Además, de un pedido de informe a la ANDE, “para que comunique si los despachantes: Egidio Javier Bordón Díaz; Juan Gabriel Gozález Benítez; Francisco Ariel Ocampo; dentro de sus deberes y funciones establecidas en el IMA-02 tenían o no obligación de acceder y tener conocimiento acabado de los contratos de la Licitación Pública Nacional 1547/2020”.

Y también están previstos acceder a otros informes, especialmente de la ANDE, y ampliación de declaración testimoniales de personas vinculadas a la institución y la empresa CIME.

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Esquema para el retiro de cables de la ANDE

Los datos de la acusación señalan que el entonces jefe de Sección de Distribución de Limpio de la ANDE, Ronie Rodríguez, había solicitado el retiro de un total de 334.213 metros lineales de cable del depósito de la institución, ubicado sobre la avenida Guido Boggiani de Asunción. Para la tarea autorizó a los funcionarios a su cargo Gerardo Samudio, Edgar Báez, Fernado Giménez y Julio Lovera, empleado de CIME SRL.

Los empleados, según la Fiscalía, tenían la venia de Rodríguez, podían retirar una cantidad desmedida de cables que serían utilizado en Limpio para atender los reclamos en dicha zona. Sin embargo, los formularios mediante los cuales los funcionarios habrían solicitado el retiro de materiales no habrían cumplido con todos los requisitos y tampoco con la documentación que justifique la cantidad de material retirado y su destino.

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Atendiendo a lo dicho previamente es que los encargados del depósito de la ANDE, sobre la avenida Boggiani, Egidio Bordón, Juan González y Francisco Ariel Ocampos, habrían entregado los 334.213 metros de cables a sus compañeros y al empleado tercerizado que no presuntamente tenía autorización para el retiro de materiales.

Tras detectar el perjuicio en cuanto a materiales, la ANDE llevó a cabo una auditoría que reveló que la cantidad de conductores eléctricos retirados no se compadecía con la infraestructura eléctrica de la zona de cobertura en Limpio, ni con las tareas encomendadas a los funcionarios. Esto se vio apoyado por un trabajo de campo y verificación del lugar, donde no se hallaron los materiales.

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En la investigación el fiscal Corbeta pudo constatar que en el formulario de retiro de materiales denominado “Salida de Materiales” se observó los tipos de cables retirados por los funcionarios a su cargo, mediante autorización de Ronie Rodríguez.

Esta conducta desplegada por los empleados generó las sospechas de la Fiscalía sobre que los mismos se habrían asociado para simular una demanda inexistente para justificar el uso y posterior retiro de los cables sin que se les dé el destino que debían tener y que fue declarado en los formularios. Sobre esto, ahora el fiscal busca más elementos que incorporar.

La auditoría realizda por la ANDE finalmente permitió concluir que los materiales no habrían cumplido con la finalidad para la que fueron adquiridos, ocasionando así un perjuicio patrimonial a la institución que ascendió a la suma de G. 7.199.832.507, equivalentes a unos US$ 906.779, que correspondería al cambio de la fecha.