El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra informó que está en pleno desarrollo el acuerdo para la formalización de una donación de 30.000 hectáreas de tierras al Estado paraguayo, de parte de la empresa Atenil S.A., propietaria de más de 400 mil hectáreas en este distrito chaqueño, tierras estas adquiridas a los herederos del fallecido Carlos Casado, fundador de la empresa taninera en dicho lugar.

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En los próximos días se estará instalando una mesa de trabajo con representantes de la Dirección Nacional de Catastro, Registros Públicos, Procuraduría General de la República, el Indert y los directivos de la empresa Atenil S.A., para concretar de manera legal esta donación, al menos así lo manifestó el propio presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Francisco Ruíz Díaz.

Con esta transferencia se estará posibilitando que cada poblador de Puerto Casado reciba sus respectivos títulos de propiedad de las tierras donde viven hace décadas; muchos de ellos, inclusive, nacieron en el lugar. Esto es la continuidad de las primeras 31 familias que recibieron sus documentos como propietarios del lugar donde viven.

A finales del siglo XIX e inicios del XX, el ciudadano argentino Carlos Casado logró adquirir más de un millón de hectáreas del Estado paraguayo en el Chaco. El país venía saliendo de una sangrienta guerra, la de la Triple Alianza (1864–1870), y necesitaba inyección económica, por lo que la venta de tierras, sobre todo en la inhóspita región occidental, era la más accesible.

Atendiendo el auge de la exportación de tanino, elaborado en base a la planta de quebracho y atendiendo la superpoblación de estos árboles en el Chaco, el ciudadano del Río de la Plata se instala a orillas del río Paraguay, donde pone en funcionamiento una fábrica dedicada precisamente a la elaboración del tanino.

Sin embargo, a finales de 1970, el tanino es sustituido por otro producto económicamente más rentable, y las exportaciones decayeron hasta que la empresa se declaró en quiebra, como tantas otras que funcionaban en el Alto Paraguay.

Numerosas familias trabajadoras del lugar comenzaron a emigrar hacia otras regiones; sin embargo, un gran número de personas, al no tener dónde ir, por no disponer de recursos económicos, se quedaron a vivir en Puerto Casado. Sin embargo, pocos años después, los herederos vendieron las tierras, incluida la propia población.

Posterior a esto, los nuevos dueños volvieron a vender las tierras, esta vez al reverendo Sun Myung Moon, hasta que, cuando se produce su muerte, aparece una suerte de pelea entre sus herederos por estas tierras, que hasta la fecha se encuentra en proceso judicial.

Atendiendo que en todas estas ventas siempre se incluía a la propia población, los pobladores comenzaron a reclamar la legalización de sus propiedades, donde vivían desde hace años y que, por ley de ocupación, les correspondían, ya que cuando la empresa se declaró en quiebra no recibieron ninguna compensación.

En el intento por legalizar las tierras a favor de estos moradores, el Estado paraguayo en 2005 logró expropiar unas 52.694 hectáreas, pero posteriormente la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional esta ley. En cambio, supuestamente se logró una donación de 30.000 hectáreas, por lo que varias personas procedieron a ocupar las tierras sin contar con los títulos de propiedad.

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El entonces presidente del Indert, Emilio Camacho, declaró la colonización de hecho, con el objetivo de legalizar la donación, pero en el 2015 el titular del Indert, el condenado Justo Cárdenas, volvió a anular esta resolución de ocupación, lo que agravó de nuevo la lucha de los pobladores.

Posterior a esto, el nuevo presidente del Indert, por entonces Mario Vega, nuevamente saca una resolución de ocupación de las tierras, hasta que finalmente en el 2021 la entonces titular del Indert, Gail Gina González, vuelve a revocar la colonización de hecho.

Esta lucha por las tierras llevó 25 años, hasta que la semana pasada, por vez primera, las primeras 31 familias acceden a la titulación de sus propiedades en medio de mucha alegría, pero también dudas y temor, atendiendo los antecedentes del caso. Ahora se espera que las demás personas, un promedio de más de 900 familias, también puedan recibir sus documentaciones, lo que podría darse una vez que se legalice la donación de las 30.000 hectáreas.