Luego de que agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) desmantelaran, mediante la operación “Conexión CV”, una organización criminal que enviaba drogas, armas y municiones a Brasil, el ministro Jalil Rachid cuestionó duramente a la fiscala Adjunta de Narcotráfico y Crimen Organizado, Matilde Elena Moreno Irigoitia, luego de que la misma se haya negado a gestionar una orden de allanamiento solicitado por la entidad.

Luego de que trascendiera esa situación y la discusión entre Rachid y Moreno, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, resolvió salir a explicar los fundamentos que regulan ese tipo de diligencias y habló de la importancia de respetar las garantías constitucionales vigentes y aplicables en ese tipo de intervenciones.

Fiscal general avaló postura de Matilde Moreno

El titular del Ministerio Público manifestó que la petición presentada por la autoridad de la Senad “no estaba en forma”, es decir, carecía de los detalles considerado como indispensables para la misma, además de que no reunía las condiciones necesarias para que sea elevada y tramitada ante el Juzgado Penal de Garantías.

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Rolón recordó, que la Fiscalía no ordena allanamientos, sino que viabiliza la solicitud ante un juez competente, quien es la autoridad encargada de autorizar la medida. Por otra parte, aclaró que en casos de flagrancia la Policía puede intervenir sin necesidad de orden judicial.

Sin embargo y de acuerdo con la información que le fue proporcionada, en este caso no había flagrancia, razón por la cual la fiscala adjunta, solicitó primeramente precisiones antes de presentar el requerimiento ante el Poder Judicial.

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Existen condiciones legales para allanamientos, refiere Rolón

El fiscal general Emiliano Rolón, recordó que el sistema constitucional vigente establece una fragmentación del poder que delimita las competencias de cada institución. Explicó además que, a diferencia de épocas anteriores, el allanamiento ya no responde al “derecho de la autoridad”, sino que constituye una medida excepcional que permite ingresar a un domicilio constitucionalmente inviolable, por lo que exige requisitos legales estrictos.

En ese contexto, el fiscal general Emiliano Rolón, reiteró que todo pedido de allanamiento debe contener las circunstancias del hecho, la descripción del lugar a intervenir, los elementos buscados, las diligencias previstas y los fundamentos jurídicos que justifican la medida.

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“No se puede violar un domicilio por cualquier eventualidad; existen condicionantes legales muy claras”, enfatizó.

En otro momento, refirió que este tipo de episodios deben servir para profundizar el debate sobre el correcto uso de las herramientas procesales y la necesidad de consolidar prácticas acordes con el Estado social de derecho vigente desde la Constitución de 1992.

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Rolón está dipuesto a dialogar con Rachid

También destacó la importancia de fortalecer la coordinación, la armonía y el control recíproco entre instituciones operativas y el Ministerio Público, tal como lo establece el artículo 3 de la Constitución Nacional. Señaló que está dispuesto a dialogar con el ministro de la Senad para evitar futuras descoordinaciones y asegurar el adecuado funcionamiento de los mecanismos interinstitucionales.

“Somos el nexo entre la pretensión jurídica de las instituciones operativas y el Poder Judicial. Nuestro interés es que la gestión funcione con respeto a la legalidad”, expresó el fiscal Rolón.