Los diputados abordaron el tema este martes en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, realizada para el estudio del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, que fue aprobado con modificaciones y aumentos salariales para diversos sectores.

Los legisladores recordaron que el gobierno de Santiago Peña criticó la deuda heredada del gobierno de Mario Abdo Benítez, que sumaba US$ 600 millones con las empresas constructoras y farmacéuticas.

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El Ejecutivo solicitó al Congreso la autorización para emitir bonos del Tesoro por US$ 600 millones, para saldar la teferida herencia recibida y sincerar las cuentas contabilizando esta deuda al déficit fiscal.

Además, reprogramó el cronograma de convergencia fiscal para volver al tope de déficit fiscal del 1,5% del PIB en 2026, que en principio estaba previsto para 2024.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, argumentó entonces que al pagarse la deuda con bonos el déficit fiscal real en 2023 ascendería a 4,1%, por lo que era necesario extender el plazo de convergencia fiscal.

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La deuda, sin embargo, volvió a acumularse y el monto es aún mucho mayor, de unos US$ 1.000 millones, en un año en que el déficit debe cerrar en 1,9% del PIB para converger el próximo año al tope establecida en la ley de responsabilidad fiscal.

Según el reclamo que realizan los gremios de los sectores señalados, la deuda con las farmacéuticas asciende a US$ 600 millones, con las empresas constructoras a US$ 320 millones y con los proveedores de “Hambre Cero” a US$ 240 millones.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), por su parte, reclama una deuda de las instituciones públicas por US$ 110 millones, mientras prepara sus “tarifazos” para aplicar desde el próximo año.

El diputado Rubén Rubín dijo que es el tercer presupuesto del presidente Peña que no soluciona los problemas de la población, que todavía va a faltar pupitres, medicamentos, rutas, policías sin armas y con “una deuda que da calambre”.

Su colega Carlos Pereira dijo que el gobierno de Peña hizo graves acusaciones sobre las deudas heredadas del gobierno anterior, pero hoy de nuevo se acumula más de US$ 1.000 millones.

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Por su parte, el diputado Raúl Benítez criticó el proyecto de presupuesto porque no atenderá las necesidades de la gente, a lo que se suma el elevado nivel de deuda existente que llega a 42% del PIB.

El diputado Diosnel Aguilera dijo que no hay esperanzas que el próximo año estemos mejor, hay menos inversiones y la deuda acumulada con proveedores ronda los US$ 1.000 millones.

La diputada Rocío Vallejo señaló que el pago de la deuda a las empresas constructoras y farmacéuticas no está contemplado en el presupuesto 2026 y, en ese sentido, se preguntó dónde está el dinero que la DNIT dice que recauda.

El diputado Mauricio Espínola manifestó que no solo hay problemas de gestión, sino que el gobierno debe a medio país, a proveedores de “Hambre Cero, a constructoras, a farmacéuticas.

Añadió que, si así seguimos, el presidente Peña va a tener que hacer un llamado masivo a acreedores e indicó que la fotos en redes sociales no sirven para dar de comer a los niños.

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También cuestionó al “ministro estrella” Fernández Valdovinos, porque llama la atención que cuando se producen los reclamos todos se pasan la pelota, éste reconoce que hay deudas acumuladas, pero “aclara” que la responsabilidad es de los entes que reciben los fondos.

Espínola dijo que ojalá el presidente Peña en la próxima conferencia pueda explicar cómo va a salir de esta morosidad generalizada.

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Johanna Ortega, a su turno, apuntó que este presupuesto no refleja las necesidades de la gente, no va a cortar las filas en los hospitales, ni reducir las esperas para las consultas, ni medicamentos, ni para techos de escuelas que se caen.

Sostuvo que se está dejando deudas porque el ministro de Economía no tiene la voluntad política de discutir la base impositiva, cobrar impuesto a los que más ganan porque considera que es mejor endeuda a la clase trabajadora para sostener sueldos de nepobabies.