La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción imputó al fiscal Rubén Riveros, quien presta servicios en la ciudad de Alberdi, por su presunta participación en un esquema de sobornos para liberar a un procesado por abuso sexual en niños.

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La denuncia fue presentada por el juez penal de Alberdi, Shiler Regis Coronel, luego de que una mujer relatara que el abogado Luis Antonio Méndez le solicitó dinero supuestamente destinado al fiscal Riveros, con el fin de obtener la libertad de su esposo, quien enfrenta cargos por abuso infantil.

Según el acta de imputación, el abogado habría pedido inicialmente G. 5.000.000 “para realizar algunos trámites”, sin entregar comprobantes.

De acuerdo con el documento, en diciembre de 2024, el fiscal imputado habría dicho a la mujer que continuaría sus gestiones con Méndez, advirtiendo que “el caso era muy grande” y que, de no hacerlo, su esposo permanecería en prisión.

Posteriormente, el abogado exigió G. 120.000.000 para lograr la libertad del procesado, monto que debía entregarse en dos partes de G. 60.000.000.

Siguiendo la línea de tiempo, en febrero de este año, la víctima entregó G. 30.000.000 en la vivienda del abogado en Alberdi, donde el fiscal Riveros supuestamente acudió personalmente para recibir el dinero.

A fines de abril, se habría pedido otro pago con la promesa de obtener arresto domiciliario, lo que no se concretó.

Finalmente, el 30 de septiembre de 2025, el abogado Luis Antonio Méndez supuestamente solicitó G. 20.000.000 más, programando la entrega para el 2 de octubre. Parte del dinero fue colocada en una bolsa de regalo roja, supuestamente destinada al fiscal.

Durante un operativo de entrega vigilada, los fiscales anticorrupción interceptaron al abogado y hallaron G. 15.000.000 dentro de la bolsa y otros G. 5.000.000 en su vivienda. Los billetes coincidían con los fotocopiados y autenticados por orden judicial.

En el allanamiento posterior a la Unidad Penal N.º 1 de Alberdi, se incautaron dos teléfonos celulares pertenecientes al fiscal.

La Fiscalía solicitó al Juzgado Especializado en Delitos Económicos y Corrupción el desafuero del agente fiscal y la remisión del caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

La víctima relató, además, que en una reunión con el fiscal y el abogado, Riveros le habría advertido que si cambiaba de defensor, su marido podría recibir entre 20 y 25 años de prisión. En total, entregó G. 120.000.000 en distintos pagos.

El fiscal adjunto de Ñeembucú, Celso Sanabria, calificó la situación como “muy delicada” y anunció que solicitará una copia del acta de imputación para interiorizarse del caso.

Asimismo, informó que pedirá una reunión urgente con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ya que es la primera vez que enfrentan una situación de esta magnitud en la zona.

En cuanto a la situación laboral del fiscal imputado, el fiscal adjunto explicó que el proceso se encuentra en etapa de investigación, por lo que Rubén Riveros permanecerá en el área de investigación y proyecciones hasta que se determine si el caso debe elevarse a juicio oral.

Aclaró que su condición funcional podría modificarse de manera definitiva tras una sentencia firme de un juez competente.