El Tribunal de Sentencias, presidido por el juez Fabián Escobar e integrado por Carlos Hermosilla y Juan Pablo Mendoza, rechazaron los incidentes presentados por las defensas de los policías acusados por torturas sobre nulidad de la acusación, así como otros más planteados contra el auto de elevación a juicio y también, los relacionados a la prescripción de los hechos que fueron objeto de acusación por el Ministerio Público.

En este debate público están acusados, los policías Eusebio Torres Romero, Manuel Crescencio Alcaraz y Fortunato Lorenzo Laspina, quienes fueron imputados y acusados en el año 2017, por hechos cometidos presuntamente por ellos en 1976, durante el régimen del Gral. Alfredo Stroessner.

Nuevo intento por iniciar juicio a policías por torturas durante la dictadura

Posterior a dicha etapa, los jueces dieron inicio al juicio oral y público con la lectura del auto de apertura y luego, se pasó a la presentación de alegatos iniciales por parte de la Fiscalía, representada en esta ocasión por la agente fiscal Sonia Sanguinés.

También los abogados defensores presentaron sus respectivos alegatos iniciales, expresando de esta forma su estrategia en el marco del debate público, que luego de 8 años de dilación finalmente pudo iniciar. El juicio se retomará el próximo 11 de noviembre a las 8:30 con la etapa de producción de pruebas.

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Policías declararán en juicio

Los miembros del Tribunal juzgador consultaron a los acusados si declararán en juicio, a lo que dos de ellos, Eusebio Torres Romero y Fortunato Lorenzo Laspina, manifestaron afirmativamente, haciendo la salvedad de que lo harían una vez que concluya la fase probatoria.

Por su parte, el encausado Manuel Crescencio Alcaraz, anunció que hará uso de su derecho a la defensa en juicio en la próxima jornada de juicio, es decir, el martes próximo.

Proceso dilatado hace más de 8 años

Según había expuesto la fiscala Sonia Sanguinés, la imputación se presentó el 26 de junio de 2017 y el requerimiento conclusivo el 27 de diciembre de 2017, pero recién ahora se fijó fecha para iniciar el juicio oral y público a los encausados.

Sanguinés precisó que el caso lleva dilatado poco más de 8 años y 4 meses. Todo esto como consecuencia de diversos planteamientos que incidentaron el normal curso del mismo. Recordó que incluso hay aún pendientes de resolución dos excepciones de inconstitucionalidad, que si bien no afectan el inicio del juicio, solo permiten llegar hasta la etapa de sentencia.

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La causa inicialmente tuvo 10 personas imputadas, pero con el transcurso de los años, cinco de ellas fallecieron: Camilo Almada Morel, Juan Aniceto Martínez, Agustín Belotto Bouga, Obdulio Argüello Brítez y Felipe Nery Saldívar.

En tanto que otras dos personas, están declaradas en rebeldía y se trata de: Nicolás Lucilo Benítez y Mario Flores Cáceres. Ambos, indicó la fiscala Sonia Sanguinés, cuentan con órdenes de captura pendientes.

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“El transcurso en exceso del tiempo perjudica a las víctimas, en el sentido de que puedan tener la sensación de justicia, porque con el paso del tiempo pueden fallecer testigos, personas procesadas, por eso es importante que podamos iniciar ya el juicio”, consideró la agente fiscal.

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Proceso por torturas durante la dictadura

Los antecedentes que obran en los escritos de la Fiscalía, refieren que los acusados habrían torturado a Domingo Guzmán Rolón y otros presos políticos que eran detenidos por la Policía del dictador Alfredo Stroessner entre los años 1976 y 1978.

La imputación relata que Domingo Guzmán Rolón fue detenido en fecha 17 de octubre de 1976, en la ciudad de Puerto Pilcomayo (Argentina), al momento que intentó ingresar al país con un certificado falso a nombre de Jorge Antonio Zapattini Samaniego.

En territorio argentino tras su detención fue llevado primeramente hasta un Destacamento de la Armada, luego a un Centro de Detención situado en Resistencia, para luego ser trasladado hasta un lugar denominado Monte 29 de Formosa.

El 2 de diciembre de 1976 fue llevado en la valijera de un vehículo hasta el Departamento de Investigaciones de la Capital, lugar donde sufrió apremios físicos y permaneció detenido hasta el 1 de diciembre de 1977 cuando fue trasladado al Penal de Emboscada, siempre de acuerdo a la acusación.

Los acusados habrían tenido participación en calidad de autores de torturas, en concordancia con el artículo 309º (tortura) incisos 1 y 3, en concordancia con el artículo 29º del Código Penal.