En la sesión ordinaria de hoy, la mayoría cartista y sus satélites en Diputados remitieron a comisiones para “duerma eternamente” la reiteración de la resolución Nº 3222 “que pide informe al Poder Ejecutivo sobre los hechos que cobraron notoriedad con relación a la relación laboral finalizada con la ciudadana Luz Candado y su cónyuge, Hugo Romero”, caso mejor conocido como: “Los sobres del Poder”.

Tras hacerse del “ñembotavy”, insisten que Peña informe de los “sobres” y polígrafo

El pedido de informes había sido aprobado hace un mes (3 de octubre) por unanimidad de los presentes, y transcurrido el plazo establecido por la ley, Peña optó por hacerse el “ñembotavy” y llamarse a silencio.

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Desde que estalló el escándalo, el 16 de septiembre pasado, Peña no ha negado las afirmaciones de su exempleada de servicio, Candado, quien reportó haber encontrado y devuelto al menos dos sobres con US$ 100.000 cada uno que habían sido “olvidados” en el quincho de la residencia presidencial.

Es por esto que se planteó la reiteración; sin embargo, en esta ocasión ya encontraron la oposición de la líder de bancada de Honor Colorado, Rocío Abed, quien pidió “enterrar” la solicitud.

“Esto ya se aprobó y el Poder Ejecutivo no responde. ¿Qué lo que tiene que analizar si ya se aprobó por unanimidad? Esta reiteración es para recordar al Ejecutivo que tiene que responder por el caso grave de los sobres”, increpó el diputado Raúl Benítez (independiente)

El legislador junto a su colega Johanna Ortega (Partido País Solidario) habían solicitado respuestas a Peña primeramente sobre las visitas a Mburuvicha Róga fuera de agenda de -entre otros- empresarios “amigos” y “mimados” con licitaciones por parte de este gobierno, como su exsocio comercial en Ueno Holding, Miguel Vázquez o el empresario adjudicado con uno de los mayores contratos de “Hambre Cero”, Miguel Cardona.

Por otra parte, también se requirió, no solo a la Presidencia de la República, sino también al Ministerio de Defensa y a la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), que informen sobre los mecanismos y resultados de la prueba de polígrafo a las que fueron sometidos Candado y otros miembros de su familia por orden de Peña.

Esta práctica de Abed y del cartismo se viene repitiendo semana tras semana, truncando pedidos de informes que puedan incomodar al Gobierno, lo cual para Benítez es grave, puesto que atenta contra una facultad única del Legislativo, pero además deja expuesta “la complicidad con el despilfarro del dinero público y de los bienes públicos” al oponerse a rendir cuentas.

En tal sentido, el diputado opositor increpó a Abed cuestionándole: “¿Para qué está el Congreso si al final nosotros no podemos hacer ningún tipo de control sobre el uso del dinero público, no podemos hacer ningún pedido de informes a las instituciones. Le pregunto a la colega Abed: cuál es la función que ella cumple en el Congreso.

Pese a ser una atribución de rango constitucional, establecida en al artículo 192 de la Carta Magna “del pedido de informes”, los opositores, que son minoría, en Diputados no logran que sus solicitudes sean aprobadas, especialmente las dirigidas a la gestión del presidente Peña.

Si bien la Constitución establece taxativamente que “los afectados estarán obligados a responder los pedidos de informe dentro del plazo que se les señale, el cual no podrá ser menor de quince días”.

Hace un tiempo, se intentó equiparar la falta de respuesta con la figura penal de “desacato”, pero finalmente no prosperó la iniciativa legislativa.