La Contraloría realizó un informe tras recibir una denuncia ciudadana contra funcionarios de la Patrulla Caminera por presunta usurpación de funciones y del uso irregular de una chapa del ente para recibir combustible en un auto particular.

Los casos de supuesta usurpación de funciones son tres específicos en los que no se han cumplido con los perfiles que establece una propia resolución interna 955/2023 de la Dirección Nacional de Patrulla Caminera.

Respecto al señor Amado Orihuela Figueredo, actual Director Operativo de la institución, no ocupó los cargos específicos que la propia resolución de la Patrulla Caminera establece, además de no contar con el grado jerárquico requerido.

“Este señor no hizo como esa carrera institucional para tener ese cargo. Eso es lo que nosotros encontramos”, especificó Clara Aquino, directora general de integridad y transparencia de la Contraloría. Los cargos que debía haber ocupado Orihuela previamente a ser director operativo con los de Coordinador Regional, Jefe de Zona y Jefe de Destacamento, los cuales, según su legajo, nunca ocupó.

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Supuesta usurpación de cargos en la Caminera

Otro caso es el del inspector superior Darío Gustavo Lugo Caballero, secretario general de la Patrulla Caminera, quien no tiene el nivel jerárquico requerido, ya que la resolución exige que quien ocupe el cargo sea inspector principal.

Además de estos dos casos, está el caso específico de Patricia Montserrat Zelada Benítez, personal civil, quien ocupa el cargo de Jefa Interina del Departamento de Administración y Contabilidad.

Para este cargo en particular, la resolución interna dice que tiene que estar cursando los últimos años de carreras específicas o carreras afines; sin embargo, lo que encontró la Contraloría es que esta persona está cursando el quinto semestre de la carrera universitaria Administración Pública, la cual tiene nueve semestres en total.

“Nosotros también concluimos que no corresponde a últimos años y que por ese punto en particular ella no cumple con ese perfil requerido en la normativa interna”, puntualizó Aquino.

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Uso de chapa para carga de combustible

Otras de las irregularidades que encontró la Contraloría es sobre el uso de la chapa de uno de los vehículos de la institución para realizar la carga de combustible a un vehículo particular.

Según la Contraloría, esta persona aparentemente usó la chapa o el identificatorio de un vehículo que es institucional, en su vehículo particular, de acuerdo a la foto que se adjuntó a la denuncia presentada en la entidad de control.

“Nosotros contrastamos con la información de la declaración jurada de bienes y rentas que ustedes saben que es pública y encontramos que el modelo y el tipo de vehículo se corresponde con el que ese funcionario en particular declaró como suyo”, indicó la directora del ente contralor. Destacó que los indicios se hallaron tras recabar información pública de los funcionarios.

Hoy día, el acceso a la información pública de los funcionarios públicos correría riesgo con la aprobación de la versión de cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Ley de Protección de Datos Personales, con la que los funcionarios públicos podrían decidir si compartir o no su información. La propuesta legislativa se encuentra en la Cámara de Senadores, donde aguarda su tratamiento.