El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó en setiembre último la duplicación y mejoramiento de la ruta PY01 —en el tramo coomprendido entre a Cuatro Mojones y Quiindy— al Consorcio Rutas del Mercosur, integrado por ALYA Construtora SA (Brasil), SEMISA Infraestructura SA (Argentina) y las paraguayas Tecnoedil SA Constructora y Construpar SA.

Hoy, el grupo trabaja en la conformación de la Sociedad de Objeto Específico (SOE), paso previo a la firma del contrato prevista para diciembre, según informó a ABC el director de Proyectos Estratégicos del MOPC, Amílcar Guillen.

El proyecto, adjudicado bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), prevé la ampliación y mejoramiento de 108 kilómetros, con una inversión estimada en US$ 428 millones, que el grupo adjudicado debe conseguir. Además, contempla el mantenimiento ordinario y mayor durante los 30 años de concesión.

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Operación inicial y cronograma

Guillén explicó que, una vez firmado el contrato, el consorcio asumirá la “operación transitoria de infraestructura existente” desde diciembre de este año, que implica intervenciones rápidas y una puesta a punto del tramo 1.1 al 1.3 (Cuatro Mojones–Ytororó).

“La propuesta es que, en el primer semestre del próximo año, ya deban tener intervenciones a los primeros tramos. A partir del tercer mes de la firma del contrato, deben iniciar la puesta a punto, porque automáticamente toman la infraestructura”, señaló.

Asimismo explicó que la presentación del Proyecto Constructivo final para los tramos 1.1 y 1.3 —entre Cuatro Mojones e Ytororó— está prevista para mayo del 2026; y la entrega del diseño completo para todos los demás tramos, para noviembre del mismo año.

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Cierre financiero: el gran desafío

Aunque la adjudicación ya está hecha, el consorcio tendrá 17 meses después de la firma del contrato para lograr el cierre financiero, es decir, asegurar la financiación de aproximadamente US$ 400 millones necesarios para la ejecución plena de la obra. Con este plazo, el cierre se alcanzaría recién en mayo del 2027.

“En la ruta PY01 no se exigieron cartas de bancos como en la APP de la ruta PY02. El cierre financiero es un riesgo exclusivo de la SOE”, recordó Guillen.

Para la primera fase —trabajos en el tramo 1.1 y 1.3, fiscalización, pólizas y puesta a punto— se estima que el consorcio deberá movilizar alrededor de US$ 40 millones, provenientes del equity y de financiamiento de bancos locales.

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Guillen indicó que ya existen negociaciones con entidades financieras del país:“Están trabajando con varios bancos locales, aunque todavía no hay nada cerrado”. Empero evitó informar con qué bancos locales se está negociando.

Respecto a financiamiento internacional, explicó que el BID Invest manifestó interés, pero las conversaciones formales dependerán de la SOE: “Tenemos una reunión prevista, pero no podemos adelantar nada. La decisión final es de la empresa”, afirmó.

Liberación de franja: riesgo compartido

Sobre la liberación de la franja de dominio, Guillen aclaró que el trabajo será conjunto: “Es un riesgo compartido. El Estado finalmente paga, pero ellos (el consorcio) adelantan los trabajos iniciales de liberación”.

Recordemos que, según los datos preliminares, un total de 1.680 inmuebles serán afectados por las obras de mejoramiento y duplicación de la ruta PY01. Solo en expropiaciones el estado prevé gastar casi US$ 60 millones, de acuerdo con los datos oficiales.

Obras grandes recién en 2027

Aunque habrá intervenciones de puesta a punto en 2026, la duplicación completa de la ruta —el tramo Ytororó/Paraguarí, el mejoramiento hasta Quiindy, los pasos a desnivel y nuevas circunvalaciones— solo podrá iniciarse una vez logrado el financiamiento mayor, previsto para 2027.

Por esta razón, las obras de envergadura de esta segunda APP se iniciarán recién en el segundo semestre del 2027, si la empresa logra conseguir la financiación.

El adjudicado propuso un Pago Diferido de Inversión (PDI) de US$ 24.077.936, IVA incluido, que el Estado deberá reembolsar a largo plazo por la financiación de la obra. Ese monto será abonado semestralmente durante 15 años, junto con los pagos previstos por mantenimiento y niveles de tráfico. Con este esquema, la empresa podría percibir más de US$ 1.300 millones a lo largo de los 30 años de concesión.