De las observaciones realizadas a la Municipalidad de Aba’i (Departamento de Caazapá) cuando Cristhian Acosta (ANR-HC) fungía de intendente, la Contraloría General de la República se ratificó en todas las objeciones.

El ente contralor auditó la gestión de Acosta durante el periodo 2019 y el primer cuatrimestre del 2020, un poco antes de dejar la municipalidad para comenzar su campaña proselitista por la Gobernación de Caazapá.

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El informe final publicado en junio pasado, la Contraloría indicó que la administración de Cristhian Acosta tuvo una inadecuada planificación de recursos institucionales para cumplir con las deudas.

Se detectó que se adeudó en el 2019 a los concejales municipales por G. 25 millones por sus dietas. Se constataron pagos a jornaleros, durante el ejercicio fiscal 2019 por G.570.766.000 sin respaldo documental.

Asimismo, los auditores se ratificaron en que no se observaron -en los legajos de rendición de cuentas- documentos que respaldan las órdenes de pago en concepto de Servicio Social G. 358.768.000 durante el 2019 y de G. 227.717.500 en el primer cuatrimestre del 2020. Asimismo no se contó con un reglamento interno para la utilización de recursos en “Servicios Sociales”.

Pagos efectuados en concepto de combustibles y lubricantes en el ejercicio fiscal 2019 por G. 633.649.022 y por G. 151.689.294 durante el primer cuatrimestre sin respaldo documental.

Tampoco se tuvo orden de trabajo que avale el uso de vehículos y maquinarias de la municipalidad, es decir, no se pudo determinar si los rodados de la institución fueron utilizados en beneficio de los contribuyentes abaienses.

Las obras ejecutadas con dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) no contaron con respaldos documentales y tampoco se ejecutaron las pólizas de seguro en las que no culminaron a tiempo.

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Similar irregularidad se detectó con las obras ejecutadas con la plata que se recibió de los royalties y compensaciones especiales.

La Contraloría indicó además que los vehículos y maquinarias pertenecientes a la Municipalidad de Abaí no están inscriptos en la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN).

Asimismo, los aportes realizados a las entidades educativas e instituciones sin fines de lucro durante el ejercicio fiscal 2019 y en el primer cuatrimestre de 2020, sin algunos documentos requeridos en las normativas vigentes, como por ejemplo sin la constancia de inscripción ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

En tanto que, el actual intendente Carlos Carvallo (ANR-HC) indicó en su descargo que se están subsanando las irregularidades administrativas dejadas por la gestión anterior y está pagando las deudas de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

La Contraloría indicó que la Municipalidad de Abaí, en lo sucesivo, deberá implementar medidas correctivas necesarias a efectos de evitar incurrir en incumplimientos de las disposiciones legales vigentes.