El Consejo de Superintentencia y el presidente de la Corte Suprema de Justicia ordenaron el inicio de una investigación preliminar a auxiliares de justicia, ante hechos que podrían ameritar medidas disciplinarias contra estos funcionarios.

La investigación se dispuso a raíz de publicaciones periodísticas en medios de comunicación y plataformas digitales, referentes a un supuesto caso de desvío de indemnizaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Los auxiliares de justicia que serán investigados son el abogado Darío Aquiles Flores Mendoza, con matrícula de la CSJ N.° 23.148, y el escribano público Mario León Caballero Adorno, titular del registro notarial Nº 207.

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De conformidad al artículo 4 de la Ley N.° 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, las disposiciones de la Acordada N.° 1597/21 y las reglamentaciones concordantes, el Consejo de Superintendencia dispuso la remisión de estos antecedentes a la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia y a la Oficina de Quejas y Denuncias.

Esto, con el fin de determinar la existencia o no de hechos que pudieran configurar faltas administrativas, y que, eventualmente, ameriten la aplicación de alguna medida disciplinaria.

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La investigación preliminar se realiza según lo establecido por el Artículo 9 de la citada acordada, que consagra la independencia de la responsabilidad administrativa; y sin perjuicio de lo previsto por el Artículo 55 del mismo documento, que regula la relación entre el procedimiento disciplinario y el proceso penal.

El caso está relacionado con la investigación de un presunto hecho de despojo de más de 700 millones de guaraníes de una indemnización de la Administración Nacional de Electricidad a las familias de dos personas que fallecieron por electrocución accidental.

Presuntamente, Anadelia Acosta, funcionaria de la Cámara de Diputados y vecina de las familias de los fallecidos, junto con un abogado de nombre Darío Flores, se ofrecieron como “gestores” del resarcimiento y efectivizaron cheques por 800 millones de guaraníes -400 millones para cada familia-, pero solo entregaron 40 y 35 millones a cada una.