La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) ordenó vía resolución el cierre temporal de los 263 locales de la cadena Biggie Express en todo el país.

El abogado Manuel Riera Domínguez, especialista en derecho comercial y administrativo, criticó con dureza que la medida es “absolutamente desproporcionada” y carece de fundamentos suficientes para justificar su alcance nacional.

Riera explicó que, al analizar la resolución, encontró que “es una transcripción de un montón de normas jurídicas, leyes, códigos, artículos, resoluciones, decretos, etcétera, para después, finalmente, terminar explicando los riesgos de la salud que encuentra Dinavisa en ciertos productos”. Sin embargo, consideró que el “salto” entre las intervenciones puntuales y la sanción generalizada no está justificado.

“Ese salto que se hace de intervenciones puntuales, de productos puntuales, a toda la cadena es lo que en mi opinión plantea una enorme desproporción y creo que tiene razones suficientes, digamos, Biggie, para señalar la desproporcionalidad, porque justamente la resolución no explica cómo hace Dinavisa para entender que esto se transforma en algo tan grande”, afirmó.

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De cinco sucursales a todo el país

Según detalló Riera, la resolución menciona dos actas de intervención en sucursales puntuales realizadas el 11 y 12 de agosto, además de antecedentes remitidos por la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) sobre otras tres sucursales. Esto suma un total de cinco locales con observaciones, pero la sanción se extendió a todos los puntos de venta de la cadena.

“No se explica, leyendo la resolución, cómo Dinavisa convierte la intervención y los antecedentes en determinadas sucursales sobre determinados productos en un alcance a nivel de territorio nacional”, cuestionó.

Impacto sobre productos no observados

El abogado remarcó que la medida también afecta la venta de artículos que no están vinculados a las irregularidades detectadas.

“Cómo es posible que la afectación a productos que no tienen contravenciones en el marco de la normativa de Dinavisa sean afectados con el cierre. O cómo vos, por ejemplo, afectás la venta de hielo o cómo vos afectás, por ejemplo, la venta de preservativos. Hay un montón de tantas cosas que vos ves cuando ingresás ahí adentro, que no sé por qué el cierre afecta a todo”, dijo.

Para Riera, se podrían haber aplicado medidas parciales, como clausurar únicamente las sucursales intervenidas o retirar de circulación los productos cuestionados.

Falta de proporcionalidad y alternativas menos gravosas

El especialista subrayó que la proporcionalidad es un principio básico en el derecho administrativo y que en este caso no se respetó.

“Pudiendo el Estado, a través de Dinavisa o Sedeco, lograr los fines de cuidado de la salud con otras medidas no tan gravosas, elige la más gravosa. Eso es lo que me parece que no sale de la resolución”, sostuvo.

Además, consideró que el riesgo sanitario no está probado de manera concreta. “Hablame de una epidemia de intoxicación de embutido, hablame de algo que vos veas. Pero en abstracto, como potencial, como riesgo por ocurrirse, donde la relación de consumo en sí misma todavía no existe, probada por lo menos…“, dijo.

“Me llamó mucho la atención que en menos de veinticuatro horas o cuarenta y ocho horas, dependiendo de dónde lo cuentes, se tome una decisión tan drástica y, en mi opinión, tan desproporcionada”, prosiguió.

Posible irregularidad y alto costo económico

Para Riera, la falta de explicación suficiente convierte la resolución en un acto administrativo “posiblemente irregular”.

“Los fundamentos de la resolución, en mi opinión, son insuficientes porque no terminan de explicar por qué la medida es tan gravosa o de tan largo alcance sobre la base de dos intervenciones o un determinado número de productos”, señaló.

Riera advirtió que, aunque la empresa cuenta con fundamentos legales para llevar el caso a los tribunales, el factor tiempo es determinante debido al impacto económico que implica mantener los locales cerrados. Explicó que cada jornada sin operar significa pérdidas millonarias y que la urgencia obliga a buscar salidas más rápidas que un litigio prolongado.

“Biggie puede perfectamente judicializar la cuestión. Lo que pasa es que no tiene tiempo. Cuando te cierran doscientos sesenta locales comerciales que tienen cuatrocientos noventa mil productos y miles de empleados, cada día cerrado es un millón de dólares que perdés o que no generás”, advirtió.

En ese sentido, el abogado insistió en que la vía más sensata es abrir un canal de diálogo con Dinavisa, aprovechando que las leyes de procedimientos administrativos permiten a la institución revisar y modificar su propia resolución.

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Cambio legal reciente y precedentes

Riera recordó que la ley que otorga a Dinavisa estas facultades fue modificada en octubre de 2024 y que antes no existían precedentes de un cierre masivo de esta naturaleza.