El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú elevó a juicio oral y público la causa que afronta el exintendente de Lambaré Armando Gómez (PLRA), por la supuesta comisión de los hechos punibles de hurto, estafa mediante sistemas informáticos y asociación criminal, por presuntamente haber conformado un esquema que desvió fondos públicos del municipio.

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También van a juicio el exdirector de Administración y Finanzas Roberto Ever Paredes Ojeda, acusado también por hurto, estafa mediante sistemas informáticos y asociación criminal; el exjefe del Departamento de Tesorería Rodrigo Javier Portillo Chirife, el exdirector interino de Gestión Tecnológica Edgar Iván Villalba Torreblanca y el exfuncionario del Departamento de Gestión Tecnológica Ricardo Ronald Ricciardi, sindicados por los hechos de hurto, alteración de datos relevantes para la prueba, estafa mediante sistemas informáticos y asociación criminal.

Según la acusación ratificada durante la audiencia preliminar por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, todos los señalados idearon un plan para hacerse de parte de las recaudaciones que ingresaban a la municipalidad en concepto de impuestos, diseñando un sistema de anulación de facturas, retención de los depósitos en tesorería y remisión tardía a los bancos, a fin de que dichas apropiaciones no sean detectadas en las rendiciones de cuenta y controles posteriores.

Las facturas con anulaciones irregulares datan del 24 de enero de 2019 y van hasta 25 de octubre de 2019, realizándose en total unas 5.538 anulaciones por un valor total de G. 6.866.903.957, de acuerdo con la teoría del Ministerio Público.

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La acusación fiscal puntualiza que el plan consistía en que Rodrigo Javier Portillo Chirife, como tesorero, pasaba las recaudaciones diarias al director de Administración y Finanzas Roberto Ever Paredes Ojeda quien, conforme al plan diseñado con el entonces intendente Armando Ramón Gómez Arévalo, le señalaba a Rodrigo Javier Portillo Chirife los montos que tenían que ser sustraídos por día, para que este a su vez pase dichos montos a Edgar Iván Villalba Torreblanca, a fin de que proceda a anular facturas en el sistema informático.

Para anular las facturas procedían de la siguiente manera: al realizar el pago correspondiente, al contribuyente se le entregaba el comprobante de ingreso original por el pago de su impuesto y/o servicios en las cajas habilitadas, posteriormente, fuera del horario laboral, se anulaba el comprobante en el sistema informático por usuarios que poseían el permiso para realizar dicha operación, por lo que el importe de estos no ingresaba a las arcas municipales.

Si bien existen casos justificados donde pueden ser anulados los comprobantes, estos son realizados al momento mismo, en presencia del contribuyente, con una causa debidamente justificada y por los funcionarios habilitados para el efecto, detalla la acusación fiscal.

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Agrega que en estos casos la anulaciones eran irregulares, ya que no cumplían con lo establecido en las reglamentaciones referentes a los procesos de anulación de comprobantes de ingresos y eran realizadas por usuarios que no deberían tener dichos privilegios; en otras ocasiones, usuarios inexistentes y en horarios no habilitados, fuera del horario laboral y varios días posteriores a su emisión.

“Retraso desmedido” para los depósitos

Como esta operativa tomaba su tiempo, puesto que no todos los pagos se realizaban en efectivo, ya que algunos contribuyentes pagaban con cheques o con tarjeta, se requería de varios días para ordenar esta falsa contabilidad, puntualiza el Ministerio Público en la acusación.

En ese sentido, se realizaban retrasos desmedidos en los depósitos de las recaudaciones del municipio; es decir, por sobre el tiempo estipulado en la Ley y las reglamentaciones, para que así, el Departamento de Tesorería a cargo de Rodrigo Javier Portillo Chirife acumulara varios días de depósitos, conciliara lo existente en las arcas menos los montos anulados a fin de que coincidan los montos rendidos y depositados.

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Posteriormente, realizaban los depósitos en las cuentas bancarias de la Municipalidad de Lambaré, muchas veces, depositando en distintos días, montos que se correspondían a una sola jornada, sin respetar lo que exige la ley y lo establecido en el Manual de Organización y Funciones del municipio, aprobado por Resolución N° 396.

Sobreseimiento para dos investigados

Con relación a los funcionarios imputados Walter Belotto y Sonia Notario, procesados por supuesta lesión de confianza, presuntamente por no haber ejercido sus funciones de control, los cuales estaban establecidos en el reglamento de la municipalidad; a pedido del fiscal Francisco Cabrera, el juez de Garantías Humberto Otazú ordenó el sobreseimiento definitivo de los mismos.

En su pedido, el agente del Ministerio Público argumentó que en el caso en particular “nos encontramos que los supuestos autores se encontrarían en todo caso ante una posición de garante de control, específicamente la resultante de la asunción de una función de control, por lo que no al no reunirse los presupuestos constitutivos del tipo la conducta no sería típica".

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Por otro lado, resalta Cabrera en su pedido de sobreseimiento definitivo, se puede considerar como una negligencia por parte de los imputados en no agotar todas las fuerzas en llevar a cabo su función de control, pero esta conducta caería bajo la esfera de un delito culposo, no previsto en el tipo legal de lesión de confianza.