La Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) y la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT) realizaron este martes un Congreso Unitario de Trabajadores, en el que debatieron nuevamente sobre la reforma del transporte público de pasajeros impulsada por el Gobierno, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores.

El presidente de Fetrat, Gerardo Giménez, confirmó al término del encuentro que se resolvió realizar una huelga los días 25 y 26 de setiembre, en respuesta a los incumplimientos del acuerdo firmado en la reunión tripartita con el Gobierno, ocasión en la que la medida de fuerza había quedado suspendida el pasado 2 de setiembre.

La reunión se llevó a cabo desde las 15:00 en la sede de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), en Piribebuy 1078 casi Hernandarias, Asunción.

Giménez remarcó que los sindicatos cuestionan que la reforma del transporte se está llevando adelante “sin la participación de los actores del sistema”, lo que generó fuertes críticas.

Denunció además que el Gobierno no respetó ninguno de los compromisos asumidos, como la instalación de una mesa de trabajo, la inclusión de la propuesta sindical que advertía sobre la fragmentación de las empresas en operadores, talleres y predios, el rechazo a la declaración del transporte como “servicio imprescindible”, y la garantía de que los trabajadores sean absorbidos en caso de nuevas concesiones.

Reforma del transporte público: estas son las principales modificaciones aprobadas por el Senado

Según explicó, la medida de fuerza fue fijada para el 25 y 26 de setiembre con el objetivo de contar con tiempo para presentar las documentaciones correspondientes ante el Ministerio de Trabajo.

El dirigente explicó que, pese al compromiso asumido, nunca se instaló la mesa de trabajo que había sido pactada, ni se incorporó la propuesta sindical para la reforma del transporte público que ahora se analizará en la Cámara de Diputados. Insistió en que la concesión del servicio a diferentes empresas —operadoras, proveedora de buses, talleres y predios—, dejaría a los choferes “en el aire” respecto a quién es su verdadero empleador.

En medio de cuestionamientos, aplanadora cartista impone media sanción a ley que reforma transporte

Respecto a que se declare al transporte público como “servicio imprescindible”, resaltó que limitaría el derecho a huelga. Giménez recordó que tanto la Constitución Nacional como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) garantizan este derecho a los trabajadores del sector.

Finalmente, criticó la ausencia de una cláusula que asegure la reabsorción laboral de los choferes en caso de cancelación o licitación de empresas. Según señaló, esto expone a los trabajadores a perder derechos adquiridos, antigüedad, estabilidad laboral e incluso aportes al Instituto de Previsión Social (IPS).

“Los tres puntos principales —la mesa de trabajo, el derecho a huelga y la reabsorción laboral— no fueron cumplidos. Por eso decidimos realizar esta huelga de dos días”, sostuvo Giménez.