El 19 de agosto de 2024, fueron allanadas las casas del entonces diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y de su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, ubicadas en Pedro Juan Caballero. En dicho procedimiento perdió la vida el legislador al enfrentarse a tiros contra los policías que lideraron la intervención.

Tras asegurar los escenarios ingresaron los fiscales de la causa “Pavo Real Py II”, Osmar Segovia (luego reemplazado por Andrés Arriola, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres. Tras el hecho fueron denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM), por supuesto mal desempeño de funciones.

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También, tras el procedimiento la Fiscalía indagó las circunstancias de la muerte de “Lalo” Gomes, a cargo de los fiscales Luis Said, Christian Ortiz y Celso Morales. Los mismos pidieron desestimar la causa en marzo, señalando que los policías actuaron en legítima defensa ante el ataque a tiros por parte del legislador.

El juez penal de garantías de Pedro Juan Caballero, Juan Martín Areco Torraca, rechazó el pedido e incluso la ratificación del mismo, por lo que la fiscala Adjunta Matilde Moreno fue la encargada de dictaminar y volver a ratificar el pedido, no quedándole así otra alternativa al magistrado que desestimar y archivar la causa.

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Se siguieron todas las líneas de control

El fiscal general Emiliano Rolón refirió sobre este caso, “tengo muy clara la película, en el sentido de que no fuimos nosotros (como Fiscalía) partícipes del operativo central. No tenemos ningún brazo operativo”.

Añadió, “el operativo, el brazo ejecutor, y hay que decirlo con toda certeza era la Policía. La llegada de los fiscales en el escenario fue posterior al suceso. Una vez asegurado el escenario, ese es el curso de acción de cualquier intervención del Ministerio Público”.

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Según explicó, la labor fiscal consiste en irrumpir en el escenario, evaluar la información y recoger evidencias para luego efectuar su requerimiento. Y, es en base a esa fundamentación que se pidió archivar la causa.

“Hay que entender que no somos divinos, podemos equivocarnos; pero también, que hay mecanismos de control y todas las líneas se siguieron”, enfatizó.

“Es muy difícil solamente hablar con pasión, hay que ver estos controles de línea y ver si era la solución”, dijo.

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Caso de Federico Mora aún no concluyó

La fiscala de Villarrica, Gladys Jiménez, había solicitado días atrás la desestimación y el archivo de la causa penal contra Nelson Federico Mora Peralta, ex viceministro de Educación Superior y ex miembro del Consejo Superior Universitario (Cones). El mismo es investigado por un supuesto caso de abuso sexual contra una niña de 13 años, registrado en Semana Santa.

Al ser consultado sobre este caso, el fiscal general Emiliano Rolón, expresó “no se olviden que cada fiscal responsable de la investigación tiene independencia y tiene autonomía”.

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Expuso que, antes de que Jiménes pida la desestimación, él tuvo acceso a toda la información del caso. Sin embargo, “la firma y la responsabilidad la asumen ellos (por los fiscales) por los elementos que se mencionan”.

En otro momento Rolón describió que el fiscal evalúa la información recogida en todas las etapas y, en base a ella decide si “imputa, desestima u ordena el archivo fiscal. Todo tiene que estar muy bien reglado y muy bien formulado”.

Adelantó que ese pedido “no es todavía la conclusión del caso, pues intervienen los abogados, la querella, la víctima, que se constituyen en garantes”. Además, todavía falta que el juez revise el pedido y el mismo, aún puede ejercer el trámite de oposición al respecto.

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Fiscalía impulsa causas más antiguas

Al momento de elevarle la consulta en relación a las denuncias obrantes en el Ministerio Público contra el hoy ex intendente de Asunción, Óscar Andrés Rodríguez Quiñónez, conocido como Nenecho, el fiscal general Emiliano Rolón refirió que “todas las causas tienen la debida diligencia, conforme al estadio procesal”.

“Nosotros prometimos que no van a haber expedientes, cajoneados ni empolvados ni guardados”, agregó posteriormente.

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Después mencionó que “las sucesivas denuncias ocurrieron en orden sucesivo también” y que, en ese contexto, hay algunas que ya están en etapas de requerimiento, preliminar, preparatoria o investigación preliminar.

“En la medida que nos dan las posibilidades, hablamos de la escacez de personal, tenemos la necesidad de impulsar aquellos que son más antiguos y ver que esto llegue a destino también”, argumentó Rolón.

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Posteriormente reflexionó con que “consideramos que nosotros no somos los problemas, los problemas los tienen la gente que infringieron la ley y el Ministerio Público no está en condiciones de sacar la soga del cuello ajeno porque se pondría en la propia”.