Una jornada ajetreada de movilizaciones tras el largo feriado de fin de semana se vivió este lunes, ya que aparte de la manifestación de los docentes, también se hicieron sentir funcionarios de dos quebradas empresas públicas, para reclamar por el pago atrasado de sus salarios.

Javier Villalba, representante del Sindicato de Trabajadores de Capasa (Sitracapasa), informó que los funcionarios se movilizaron ayer porque hace dos meses no perciben sus haberes y, desde octubre del año pasado, no cuentan con cobertura del IPS debido a que la empresa no transfiere los aportes pese a los descuentos mensuales en los salarios.

El último cobro que percibieron fue el correspondiente a mayo, según precisó.

Según Villalba, la fábrica no está operativa por falta de recursos, insumos y materia prima. Atribuyó esta situación a una “mala administración anterior” que dejó deudas importantes, lo que habría llevado a proveedores a negarse a entregar materiales. “Parece ser que están dejando morir a Capasa”, afirmó.

El dirigente señaló que solicitaron audiencias con el Presidente de la República, con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, pero sin obtener respuesta.

Dejan morir a Capasa, afirman

Añadió que Capasa (Cañas Paraguayas Sociedad Anónima) “está siendo prácticamente dejada de lado” y responsabilizó a la mala administración del enviado por el “gobierno Colorado de Santiago Peña, del Movimiento Honor Colorado”: José Ocampo. También cuestionó la “inacción” del síndico titular, Nelson Galván.

Rastrean G. 1.500 millones cobrados por exjefe de Capasa antes de dejar el cargo

Alrededor de 170 funcionarios de Capasa vienen realizando una serie de protestas para reclamar el pago de al menos tres meses de salarios, además de un auxilio económico para salvar a la fábrica cañera. Los empleados culpan de la catástrofe de Capasa a su extitular José Ocampos, a quien llamativamente el presidente Santiago Peña lo mantiene como parte del directorio.

Según los registros en 2024, durante la administración de Ocampos, Capasa duplicó sus perdidas con relación a 2023. De 2.379 millones pasó a G. 5.546 millones.

Los funcionarios exigen a la Procuraduría General de la República dar seguimiento a las denuncias por presuntos hechos punibles, “como por ejemplo, de estafa”.

Villalba aseguró que los empleados fueron perjudicados porque se les descuenta el seguro social, pero esos fondos no llegan al IPS, lo que les impide acceder a atención médica y a la jubilación.

Indicó que esta situación se arrastra desde el año pasado y que muchos compañeros son rechazados en el IPS pese a los descuentos.

En Copaco también reclaman pagos y piden salida del administrador

Por otra parte, funcionarios de Copaco SA también se manifestaron este lunes frente a la institución para exigir el pago de salarios y mejoras laborales.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Copaco (Sitranco), Rolando Melgarejo, dijo que la semana pasada se abonaron los sueldos correspondientes a junio, pero siguen pendientes los de julio y agosto, “que prácticamente estamos terminando”.

Melgarejo expresó preocupación por la ausencia de un proyecto que permita una salida a la situación financiera de Copaco y acusó al administrador, Oscar Stark, de no presentar propuestas.

Señaló que hace un año y siete meses integraron un comité de trabajo y acercaron un plan al administrador, sin obtener retorno ni lectura del documento, lo que motivó la nueva protesta.

Copaco acumuló una pérdida de G. 533.000 millones el año pasado

El dirigente afirmó que la crisis genera “inestabilidad emocional” entre los trabajadores y la calificó de “insostenible”.

Solicitó al Presidente de la República atender un problema que, aseguró, afecta a unos 2.500 compañeros y sus familias, y pidió la salida del administrador de Copaco.

Melgarejo añadió que iniciaron medidas esta semana y trabajarán con sus asesores jurídicos para buscar una salida de fondo. Indicó que, cuando se cuestiona la recaudación, “obviamente que no se va a recaudar si no hay una proyección de mejora de los servicios de fibras y líneas bajas”.

Sobre los próximos pasos, adelantó que convocarán a una asamblea para definir “esa última etapa que sería un paro general”, resguardando las cuestiones legales, y no lo descartó.