La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso tiene a su cargo el estudio del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026, que el Poder Ejecutivo presentó el 25 de agosto.

En la sesión del último lunes 15, la referida comisión recibió en audiencia informativa a la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, quien dio detalles de los programas que ejecutará la cartera el próximo año.

Salud tiene asignado para el año venidero más de G. 10,1 billones (US$ 1.290 millones al cambio presupuestado), monto que implica un aumento del 4,8% con respecto al presupuesto inicial 2025.

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Tras exponer los planes que ejecutarán; hablar de la deuda con proveedores, que ronda los US$ 350 millones y las críticas que recibe por la falta de medicamentos en los hospitales, Barán fue consultada sobre el seguro obligatorio contra terceros por el diputado Emilio Pavón (PLRA).

El legislador señaló que el 80% ó 90% de los internados en el Hospital de Trauma es por accidentes y, en ese sentido, le consultó a la ministra si estaría de acuerdo con la implementación de un seguro obligatorio contra terceros.

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Añadió que el proyecto de ley que se había aprobado, pero que luego se derogó, contemplaba el pago de aproximadamente G. 700.000 al año, suma que, a su criterio, es accesible para los que tienen un vehículo.

Dijo que sería importante este seguro, así como lo tienen muchos países de la región, porque en el Hospital de Trauma gastan millones de dólares en accidentados.

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La ministra de Salud respondió que es una propuesta interesante, que no la podrían descartar porque hay una gran realidad, que tenemos una gran cantidad de jóvenes que quedan con discapacidad.

Además, agregó Barán, también la recuperación de los pacientes accidentados es diferente, ya que depende de la posibilidad de contar, de manera inmediata, con los materiales de osteosíntesis (utilizados en dispositivos como placas, tornillos, clavos intramedulares y alambres para fijar y estabilizar fracturas óseas, promoviendo la curación).

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“Entonces, si nosotros podemos tener este seguro, con el que podamos facilitar al paciente accidentado estos materiales de osteosíntesis de manera inmediata, mucho más rápido va a ser su recuperación y va a significar también un menor impacto económico para Salud y para la economía en general, porque la recuperación va a ser más rápida”, argumentó la ministra.

Ley del SOAT derogada

En mayo de 2013, el Congreso sancionó la Ley N.° 4950, que creaba el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y un mes después, en junio, el Ejecutivo promulga la nueva normativa.

La referida ley debía entrar en vigencia en enero de 2014, pero el Legislativo decidió derogarla ante el reclamo de la ciudadanía y la presentación de recursos de inconstitucionalidad por parte de varias municipalidades, argumentando que violentaba la autonomía municipal.

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Esta normativa obligaba a los propietarios de todo tipo de vehículos a pagar un seguro y a las municipalidades a solicitar la constancia de pago del SOAT para poder renovar la patente de sus rodados.

La ley derogada, en su artículo 1°, creaba el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para cubrir daños a las personas, causados por vehículos terrestres que tengan como consecuencia la muerte, invalidez, requerimientos de asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria.