El asesor jurídico de la Cámara Alta, Emilio Camacho, propone a los senadores una postergación de 20 días en el tratamiento del texto, a fin de revisar artículos clave que, según su dictamen, presentan riesgos de superposición institucional y burocratización.

En el espacio de pedidos y formulaciones los oficialistas pedirán el aplazamiento por 30 días o en su defecto sine die (sin plazo). Mientras que los senadores que trabajaron en las modificaciones en las comisiones pedirán un aplazamiento de 15 días, según señalaron las fuentes.

Camacho señaló en su dictamen dirigido al presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, que los artículos 9, 10 y 12 del proyecto —que regulan la estructura, atribuciones y competencias del futuro organismo de protección— requieren revisiones profundas antes de su aprobación definitiva.

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“Estos artículos deben ajustarse para evitar que las funciones se obstaculicen mutuamente y garantizar que el mecanismo funcione con agilidad y eficacia”, indicó el exsenador.

El dictamen advierte que, sin una redacción precisa, la ley podría generar conflictos de competencias entre instituciones, retrasando las respuestas ante situaciones de riesgo que afectan a periodistas y activistas de derechos humanos.

“Debe ser un organismo eficaz y desburocratizado”

El abogado insistió en que la futura Comisión de Protección, prevista en el proyecto, debe ser efectiva, ágil y con atribuciones ejecutivas claras. De lo contrario —afirmó— se corre el riesgo de crear una estructura pesada e ineficiente.

“Si queremos un organismo que realmente contribuya a garantizar la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos, debemos hacerlo bien desde el inicio. La norma debe ser breve, concreta y desburocratizada”, sostuvo Camacho.

El asesor jurídico planteó incluso la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria para analizar el texto una vez incorporadas las modificaciones técnicas necesarias.

Evitar “un marasmo de burocracia”

En el dictamen, Camacho también alertó sobre el peligro de que el proyecto, en su forma actual, caiga en la ineficacia administrativa, como ha ocurrido con otras comisiones o entes de investigación.

“El funcionamiento de la institución debe ser ágil y con capacidad de respuesta inmediata. No podemos permitir que la protección de periodistas y defensores quede atrapada en un marasmo de trámites y recursos judiciales”, subrayó.

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Aunque reafirmó su respaldo político al espíritu del proyecto, el exsenador enfatizó que la calidad técnica del texto es fundamental para que la ley sea realmente operativa.

“Recomendamos aprobar el proyecto en general, pero postergar su análisis particular por 20 días, para realizar un trabajo legislativo ordenado y preciso que garantice seguridad, eficacia y legitimidad”, concluyó.