En su sesión ordinaria de este miércoles, la Junta Municipal de Asunción aprobó pedir al interventor, Carlos Pereira, un informe sobre las facturas que el equipo del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), presentó como prueba del destino final de una parte de los G. 500.000 millones en bonos que eran para obras y fueron desviados por su administración. Las irregularidades fueron reveladas por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que informó al interventor que los supuestos proveedores de la comuna no reportaron haber emitido facturas a la institución.

El concejal Álvaro Grau (PPQ), promotor del pedido de informe, calificó a la revelación como un hecho grave, aunque dijo que no es una sorpresa. “Le escondió esa documentación a la Junta Municipal, a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía y a la Justicia misma cuando yo lo enjuicié por ese tema. Evidentemente es porque algo estaba escondiendo y ahora vemos cuál es la situación”, dijo.

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Grau solicitó que el informe incluya el monto total de las facturas señaladas por la DNIT como posiblemente apócrifas. “Cuántas facturas son las que le informó la DNIT que son falsas, el monto y el concepto de cada una de ellas”, dijo el concejal y pidió que el reporte se presente a la Junta en un plazo perentorio de 7 días.

La intervención a la Municipalidad de Asunción se realiza a pedido de la Contraloría General de la República (CGR), que confirmó el desvío de G. 500.000 millones en bonos que eran para obras, hecho denunciado por ABC.

El proceso inició el 24 de junio y el interventor, Pereira, informó que un 50% del millonario monto se utilizó en salarios y lo demás habría ido a gastos corrientes. Para justificar el destino final del dinero, recibió del equipo de Nenecho 123 biblioratos con documentos, indicó. Anunció que había pedido a la DNIT el análisis de las facturas allí contenidas.

“No terminamos de ver el fondo”, dijo Grau

El concejal Grau dijo que la Municipalidad de Asunción no termina de “ver el fondo del perjuicio que Nenecho Rodríguez le hizo”. Recordó además que el intendente, “cuando estábamos en pandemia, también compró detergentes de oro en locales que no tenían nada que ver con eso y que eran de dudosa procedencia”. Por esta caso, el jefe comunal y otras 21 personas están imputadas por lesión de confianza y asociación criminal.

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El edil remarcó que, apenas semanas atrás, había denunciado un supuesto esquema de sobrefacturación de alrededor del 2.300% en la compra de repuestos para móviles “chatarra”. “Este tipo hizo un desastre, no solamente financiero, sino estructural y ahora está saltando todo esto”, afirmó.

El concejal opositor opinó que la revelación respecto a las facturas obliga a que se investiguen todos los procesos que se dieron durante la gestión de Rodríguez, no solamente en el destino del dinero proveniente de los bonos. “Cualquier cosa él pudo haber inventado también, como que se proveyó y jamás ocurrió eso”, reclamó.

Piden cuantificar perjuicio patrimonial por desvío

También por pedido del concejal Grau, la Junta Municipal aprobó solicitar al interventor, Carlos Pereira, un informe en el que se cuantifique el “perjuicio patrimonial” sufrido por la comuna con el desvío de los G. 500.000 millones en bonos que debían ser para obras. El edil explicó que el perjuicio no se limita a la desaparición del dinero, sino que se expande, colateralmente, a los tributos que la institución dejó de percibir como consecuencia del desvío.

El concejal recordó que, por ley, la Municipalidad debió haber percibido dinero en concepto de “contribución por obra pública”, un porcentaje de la plusvalía que las obras debieron haber generado a los inmuebles de la capital. “Al no tener la obra y no poder cobrar eso, se está constituyendo un perjuicio patrimonial”, explicó.

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Igualmente, la Junta Municipal está pidiendo al interventor que informe el valor total en que se hubieran incrementado los inmuebles con las obras proyectadas y el monto total que dejó de percibir la Municipalidad en concepto de contribuciones por obra pública.

Los ediles también quieren conocer el monto total que pagó la comuna en concepto de intereses por los bonos G6, G7, G8 y G9 y lo que todavía queda por abonar en concepto de capital e intereses por los mismos bonos.