La cancelación de la licitación de adquisición de máquinas de votación se dio tras un dictamen de la DNCP en la que pedía una reevaluación técnica a la empresa coreana Miru Systems, la cual, según denunció el diputado colorado Mauricio Espínola, tendría vínculos con Itti, empresa de Ueno Holding de la que el presidente de la República, Santiago Peña, fue accionista estando en funciones, de acuerdo a lo que explicó el ministro Jorge Bogarín González.

“Hoy tuvimos la noticia de que la Dirección Nacional de Contrataciones (DNCP) ordenó una reevaluación técnica de una de las ofertas de la empresa coreana Miru, empresa que nosotros consideramos que no había cumplido todos los presupuestos”, dijo en entrevista con ABC Cardinal.

A esto se suma que la comisión de asuntos electorales de la Cámara de Senadores emitió una resolución aprobada por mayoría de cartistas y aliados que instó a suspender la licitación

Para el ministro Bogarín, que la DNCP se atribuya el pedido de reevaluación técnica es peligroso, ya que las mismas son facultad exclusiva y excluyente del TSJE, ya que consideró que la DNCP se encarga de que las licitaciones estén correctamente en forma, no así en hacer evaluaciones técnicas.

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Motivo de cancelación de licitación

Según dijo Bogarín, se instaló “el virus de duda en la credibilidad del proceso”, lo que motivó a cancelar la licitación para preservar la legitimidad del proceso de llamado, aunque la decisión ya la habrían analizado entre los ministros antes de la resolución del Congreso.

“Tomamos la decisión a conciencia, de forma autónoma e independiente. Los senadores son libres de realizar todas las manifestaciones, hemos ido a cuántas audiencias. Nos han llamado de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, vimos un ambiente de muchas dudas”, indicó.

Tras el anuncio de cancelación de la licitación, desde el TSJE indicaron que la modalidad para las elecciones internas y municipales próximas se realizará el arrendamiento de las máquinas de votación. Además, la necesidad de que la votación sea electrónica está establecida en la ley 6318/19.

Para lograr cumplir con los plazos, debido a que las elecciones son en junio del año que viene, lo que no da un margen suficiente para la adquisición, la máxima autoridad electoral buscará la forma para abreviar los plazos de arrendamiento. Además de las internas partidarias y las elecciones municipales, también las de representantes ante el Consejo de la Magistratura serán realizadas con las máquinas arrendadas.

Miru Systems tendría relación con empresa ligada a Santiago Peña, advierte Mauri Espínola

¿Qué intereses hay detrás de la suspensión?

Bogarín dijo que para el lunes o martes de la próxima semana estarían anunciando las condiciones con las que realizarán el nuevo llamado para el arrendamiento.

Al consultarle que intereses podría haber detrás de la cancelación de la licitación y la instalación del “virus de la duda”, respondió: “ay audiencias públicas y muchas reuniones que hemos mantenido en el sentido de que se hablaba de una serie de dudas relacionadas el tema de la ciberseguridad, pero se habló también de alguna cuestión relacionada con juicios internacionales por lavado de dinero. (...) Lo que hoy nos obliga o nos pretende obligar dentro de la decisión de la DNCP de reevaluar las ofertas, da de alta a una empresa que nosotros habíamos descalificado porque no ha superado las pruebas técnicas”, aseguró.

Si bien no se precisa un costo de cuanto saldría el arrendamiento, considerando que el costo referencial de adquisición de 28.000 máquinas que se manejó en el proceso cancelado es de US$ 93 millones, los oferentes no podrían ir más allá del 15% ni menos del 20%, según que establece la nueva ley de compras públicas.