La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizada, Rosarito Montanía, comunicó al Ministerio Público un supuesto hecho de desacato atribuido al ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, por el traslado de la procesada en el caso “Caolín” Gloria Guadalupe Rotela Ayala, realizado sin que medie autorización del juzgado a cargo.

El juzgado, tras tomar conocimiento del movimiento de la encausada, considerada de alto perfil, la magistrada ordenó el inmediato traslado de la encausada, nuevamente al penal para mujeres de Coronel Oviedo, bajo apercibimiento de que si se incumple, se tendrá como desacato.

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Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia, se informó vía nota el 6 de noviembre que, la mujer privada de libertad (MPL) Gloria Guadalupe Rotela Ayala fue fue trasladada al Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE), autorizado por resolución ministerial, que establece que el Centro Penitenciario para Mujeres “Serafina Dávalos” de Coronel Oviedo, fue designado como exclusivo para mujeres embarazadas, con hijos o con enfermedades graves.

En vista a que la procesada Gloria Rotela Ayala no cumplía con esos requisitos para permanecer en el penal ovetense, es que fue trasladada sin solicitar autorización a la juzgadora.

Resolución ministerial no está por encima de decisión judicial, dice jueza

La magistrada refirió en su comunicación a la Fiscalía, “una resolución administrativa ministerial, no puede estar por encima de una decisión judicial”.

En ese contexto, expuso que su juzgado en ningún momento pidió informe acerca de los motivos por los cuales fue desacatada la orden judicial, dispuesta mediante el AI N° 137 del 27 de junio de 2025, resolución mediante se dictó la prisión preventiva de Gloria Rotela en la penitenciaría de Coronel Oviedo.

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Por el contrario, la magistrada había ordenado, mediante el proveído del 5 de noviembre, que la procesada Gloria Guadalupe Rotela Ayala, vuelva a ser trasladada al Centro Penitenciario para Mujeres Serafina Dávalos de Coronel Oviedo, sin embargo la decisión nuevamente fue incumplida por el Ministerio de Justicia.

En vista a este desentendimiento de la orden judicial por parte de las autoridades del Ministerio de Justicia, es que la jueza Rosarito Montanía hizo efectivo el apercibimiento y comunicó al Ministerio Público el hecho de desacato judicial contra el el ministro Rodrigo Nicora.

Viceministro justifica traslado de procesada

“Esta mujer está con una orden de prisión preventiva ordenada por la jueza Rosarito Montanía, donde ella dispuso originalmente que su reclusión sea en la Penitenciaría Serafina Dávalos. Eso se dio efectivamente cumplimiento”, dijo el viceministro de Política Criminal Rubén Maciel, al referirse al traslado.

Posteriormente, refirió Maciel que “en el marco del operativo ‘Umbral 2.0’, se dispuso por resolución ministerial de que la Penitenciaría Serafina Dávalos sea destinada exclusivamente para mujeres con niños, mujeres en estado de gravidez y mujeres, con enfermedad grave, por una razón de que su infraestructura es mucho más amigable para albergar a niños”.

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“A raíz de esa decisión, que es una resolución administrativa dispuesta en el marco de la competencia que tiene el Ministerio de Justicia como órgano encargado de la administración de los establecimientos penitenciarios, se produce el traslado de todas aquellas mujeres de Serafina Dávalos que no reúnen ese requisito”, argumentó luego sobre el tarslado.

“Las demás fueron todas trasladadas al COMPLE ese día 6 de octubre, conjuntamente con las mujeres privadas de libertad de Buen Pastor. Posterior a eso es donde la jueza dispone nuevamente de que esta mujer en particular, de apellido Rotella, sea nuevamente trasladado a la Penitenciaría Serafina Dávalos y se le responde ese oficio diciendo que por resolución tal, esa penitenciaría pasa a ser exclusiva para mujeres con niños, mujeres en estado de gravidez o mujeres, con enfermedad grave”, expuso por último Maciel.

Primera denuncia contra Nicora, por traslado de Tío Rico

La presidenta del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, María Luz Martínez, comunicó, el pasado 7 de noviembre, al Ministerio Público los antecedentes relacionados al traslado hecho por el Ministerio de Justicia, sin autorización judicial de uno de los principales acusados por el caso A Ultranza Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.

El procesado de alto perfil del caso A Ultranza, Miguel Ángel Insfrán Galeano, fue trasladado desde la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Minga Guazú a la Penitenciaría de Máxima Seguridad “Martín Mendoza” de Emboscada.

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Desde el Ministerio de Justicia habían informado al Tribunal de Sentencia, luego de vencido el plazo de las 24 horas para que remita informe sobre el traslado, que la movida del encausado se debió a motivos de seguridad. Este diligencia fue autorizada por el viceministro de Política Criminal Rubén Maciel con anuencia del secretario de Estado.

Es por esta razón que la presidenta del Tribunal de Sentencias resolvió, comunicar los antecedentes de presunto hecho punible al Ministerio Público para que se investigue al titular de Justicia, Rodrigo Nicora.