La Contraloría General de la República (CGR), dirigida por Camilo Benítez, informó ayer que solicitó más documentos a Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, en relación con el cuestionado contrato con la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez.

Esto se da luego de que el ente de control fuera criticado por su aparente inacción en este caso, en el que la empresa catarí aún no ha entregado el gasoil contratado y ha sido beneficiada con una quinta prórroga para cumplir con la entrega de 100.000 toneladas métricas del carburante, por un valor de US$ 61 millones.

El subcontralor general, Augusto Paiva, indicó que después de Semana Santa se definirá la apertura de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI). Para ello, resaltó que se solicitaron más documentos a la estatal, los cuales se sumarán a los ya remitidos en febrero.

“Petropar respondió al requerimiento que le hicimos; se le pidió más documentación y actualmente está siendo analizada por la Dirección General de Contrataciones de la Contraloría, a cargo del abogado Paul Ojeda”, expresó.

Paiva reiteró que la entidad estuvo abocada a la elaboración del informe del plan “Hambre Cero”, lo cual mantuvo ocupadas a todas sus direcciones, incluida la de Contrataciones.

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Ya hubo un “blanqueo” de la Contraloría en el caso Lafarja

Existen dudas sobre la actuación de la Dirección General de Contrataciones de la CGR, encabezada por Paul Ojeda, en el caso del contrato con Doha Holding, debido a que esta dependencia prácticamente “blanqueó” en su momento la fallida compra de gasoil a la empresa AP SA, de Andrea Lafarja Bittar. Tras una “revisión documental”, el expediente fue cerrado casi un año después del pedido inicial, sin derivar en una fiscalización, pese a los indicios de direccionamiento.

En ese caso, la CGR no indagó aspectos clave como la contratación de una empresa sin experiencia, precios inviables en el contexto del mercado internacional, la flexibilización de los pliegos, la aceptación de una simple declaración jurada como garantía, ni la dirección errónea que figuraba en el contrato, próxima a Mburuvicha Róga.

La Dirección General de Contrataciones la CGR justificó el cierre del caso Lafarja alegando que ya se encontraba judicializado, haciendo referencia a la demanda presentada por Petropar ante un juzgado civil y comercial de Asunción contra la empresa AP SA, para cobrar US$ 1,5 millones por la garantía de mantenimiento de oferta. Este monto aún no ha sido recuperado y el caso continúa en los tribunales.

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Petropar sigue otorgando prórrogas a la firma catarí

Llama la atención que la estatal continúe otorgando beneficios a la firma catarí, pese a sus reiterados incumplimientos, en lugar de rescindir el contrato y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, estimada en US$ 3.050.000. Esta garantía fue presentada en forma de declaración jurada, firmada por el jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani, representante de la empresa, con un supuesto aval del Qatar International Islamic Bank (QIIB).

Petropar argumenta que el precio ofertado por la firma —US$ 610 por tonelada métrica— es “inmejorable”, justificando así las continuas prórrogas, pese a que existen sospechas de que la empresa estaría utilizando el contrato con Petropar para otros fines.

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Cabe recordar que el contrato firmado el 30 de septiembre del año pasado tenía como fecha de vencimiento el 30 de noviembre. Sin embargo, el plazo ha sido ampliado sucesivamente: primero hasta el 31 de diciembre, luego al 31 de enero, seguido por el 28 de febrero, después hasta el 31 de marzo, y finalmente hasta el 30 de abril. La entrega del diésel estaba prevista entre octubre y noviembre de 2023.

En este contexto, el artículo 67 de la Ley N.º 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas establece que solo se pueden modificar hasta un 20% del monto y plazo del contrato, siempre que se trate de circunstancias imprevistas y que no impliquen condiciones más ventajosas que las originalmente acordadas.

Todo indica que Petropar ha ignorado esta disposición legal al continuar otorgando prórrogas, a pesar de las serias observaciones hechas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que tampoco inició una investigación de oficio.