En un comunicado conjunto, agrupaciones como DENDE, Club de Ejecutivos, ADEC, Horizonte Positivo y Pacto Global-Red Paraguay manifestaron su preocupación por la “arbitrariedad” y la falta de un debido proceso en la intervención a Biggie Express que afecta a 263 locales, 5.300 empleados y más de 500 proveedores.

Las organizaciones firmantes subrayan que, si bien el Estado tiene la responsabilidad de proteger la salud pública, cualquier sanción debe aplicarse dentro del marco legal y de manera gradual.

La intervención masiva, aseguran, erosiona la confianza en las instituciones, debilita el Estado de Derecho y puede tener consecuencias negativas para la inversión extranjera y local en Paraguay.

“La protección de la salud pública y la seguridad jurídica no son objetivos contrapuestos; son pilares indispensables para el desarrollo del Paraguay”, señalan en el comunicado.

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Exhortación a las autoridades

El comunicado hace un llamado a las autoridades competentes para:

Tratar con urgencia la medida de suspensión.Garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de sanciones.Proteger los empleos y el ambiente de negocios, fundamentales para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en el país.

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Impacto económico y social

La suspensión de Biggie Express no solo afecta a la empresa, sino que también compromete a miles de familias paraguayas, proveedores locales y la actividad comercial en varias regiones del país. Analistas advierten que decisiones de este tipo pueden desincentivar futuras inversiones y complicar la recuperación económica post-pandemia.