En la sesión ordinaria de este miércoles, el Senado podría debatir el polémico proyecto de modificar el Código de Organización Judicial, en cuya versión de la Cámara Alta habilita a los entes públicos a evitar la fiscalización de la Contraloría sin necesidad incluso de contar con acciones de inconstitucionalidad.

Diputados por ahora salva a Contraloría de “puenteo”, pero cuestionan a Camilo Benítez

Los antecedentes señalan que el proyecto original fue aprobado en Diputados, pero que a su paso por el Senado le fueron introducidos cuestionados cambios “que modifica el artículo 30 de la Ley Nº 879/1981, Código de Organización Judicial, modificado por la Ley 2248/2003”.

Con los cambios del Senado, la iniciativa prácticamente planteaba legalizar el puenteoque administradores públicos denunciados por corrupción hacen para eludir a la Contraloría General de la República (CGR) y remitir sus rendiciones al Tribunal de Cuentas. Dicha práctica es común principalmente entre intendentes de todo el país.

Tras el retorno del plan de ley a la cámara de origen, los diputados rechazaron las modificaciones casi por unanimidad y el expediente fue devuelto al Senado, donde el pleno de esa cámara, por 23 votos, puede imponer su versión o caso contrario aceptar el texto original.

Cuando los diputados debatieron las modificaciones, el contralor general, Camilo Benítez, dijo que si ese proyecto prosperase habría que declarar la “extinción” del organismo de control. Sin embargo, en ese entonces el contralor no se salvó de que le enrostren su “afinidad” al gobierno cartista.

“Puenteo” es como se conoce a la práctica común de administradores sospechados de corrupción en el manejo de dinero público que, mediante acciones de inconstitucionalidad, recurren para que sus rendiciones sean “juzgadas” por el Tribunal de Cuentas y evitar así la fiscalización por parte de Contraloría.

“Si esto se convierte en ley, imagínense, todas las instituciones del Estado, todo el gasto público podría enviarse directamente al Tribunal de Cuentas y la Contraloría estaría imposibilitada de acceder a esa documentación”, argumentó el contralor contra el puenteo.

“Sería un atentado, no solamente contra la transparencia”, dijo entonces.