La abogada Estela Velázquez Méreles manifestó que, a través de una nota oficial proveniente de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la UNP, tuvo conocimiento de la existencia de un “proceso de exclusión obstaculizada” que impide el acceso a los ajustes razonables que Guillermo necesita para poder seguir cursando la carrera de Ingeniería Ambiental. Esto se debe a la exigencia de una serie de diagnósticos costosos e inapropiados.

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“La implementación de ajustes razonables está supeditada a la presentación de una serie de evaluaciones diagnósticas, incluyendo el ADOS-2 y el CELF-5. Las pruebas que requieren no solo son carísimas y difíciles de conseguir en Paraguay, sino que, además, están diseñadas para personas videntes. Es un acto discriminatorio que no hace más que justificar un rechazo; están muy mal asesorados”, afirmó.

Doble discurso

La abogada también señaló que la universidad incurre en un doble discurso: por un lado, expresa su compromiso con la Ley de Educación Inclusiva y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; pero, por otro, impone un procedimiento que contradice el espíritu de esas normativas.

“La Convención habla de eliminar barreras, no de crear otras infranqueables. Esta universidad, que presume de tener un modelo sociocrítico, nos obliga a demostrar la discapacidad de mi hijo de una manera improductiva y desmedida”, reclamó.

Al mismo tiempo, mencionó que se ha presentado un descargo formal ante la universidad mencionada, argumentando que la institución ya posee toda la información necesaria para los ajustes. “Tienen el certificado de discapacidad de la SENADIS, el informe de su psiquiatra y el informe neuropsicológico. Con esto es suficiente. Tienen que dejar de esconderse detrás de la burocracia y cumplir con la ley”.

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Caso ante la ANEAES y CONES

El caso fue elevado por Velázquez al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), advirtiendo que estas prácticas podrían acarrear serias sanciones a la UNP por incumplimiento de las normativas de accesibilidad y calidad educativa.

Del mismo modo, notificó a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y llevó también el hecho a la Comisión del Senado de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con la esperanza de que este órgano legislativo intervenga.

“Esta nota no elimina barreras, las vuelve infranqueables. La UNP tiene la responsabilidad de garantizar una educación inclusiva, no de evadirla. No podemos permitir que el derecho a la educación de una persona con discapacidad quede supeditado a la arbitrariedad de un proceso que solo busca desalentar”, concluyó.

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Brindar mejores condiciones para el alumno

El decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas, Mgtr. Jorge Fornerón, explicó que el alumno Evagrio Guillermo se encuentra cursando el 3.er año de la Facultad de Ingeniería Ambiental.

Anteriormente, la información que se tenía era que se trataba de un alumno no vidente. Los profesores le facilitaban las actividades académicas. Desde el presente año empezaron las dificultades, en el sentido de que también presenta un problema de autismo. Con ello cambia un poco el escenario, ya que el autismo requiere otras consideraciones, explico.

Además, dijo que, a raíz de esta situación, se conformó un equipo de trabajo integrado por profesionales de la Facultad. Con el fin de entender y crear mejores condiciones para que Evagrio pueda seguir en las aulas, y dado que en la institución no se cuenta con profesionales expertos en el caso del alumno, se le consultó a la madre si podía conseguir algunos diagnósticos, mientras que la Facultad también realizaba las gestiones.

El objetivo es conocer mejor este tipo de situaciones y, de esa manera, generar mejores condiciones para el estudiante, indicó.

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