La Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores recomienda al pleno aprobar con modificaciones el proyecto de ley “Que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo”, presentado por las diputadas Dalia Estigarribia (PLRA, Bancada PL) y Johanna Ortega (PPS).

La Corte Suprema de Justicia sugiere -a través de un dictamen jurídico- incorporar la penalización del criadazgo con hasta ocho años de pena privativa de libertad. La comisión aceptó la sugerencia que será elevada el miércoles ante el pleno.

El senador Luis Pettengill (ANR, disidente) consultó a la comisión sobre los datos estadísticos de la cantidad de casos de criadazgo que registra Paraguay. Como dato relevante, se señaló que la mayor cantidad de casos de criadazgo se registran en Ciudad del Este, según informó el Ministerio Público a la comisión.

Sin embargo, Plan Internacional detalla que, según los datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos del 2020 (actual INE), en Paraguay 46.993 niñas, niños y adolescentes están bajo el régimen de criadazgo. El departamento Central concentra el mayor porcentaje (31%) de los niños y niñas de 5 a 17 años en trabajo infantil doméstico, mientras que en Alto Paraná llega al 10,8%.

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Varias instituciones públicas recomendaron realizar modificaciones o rechazar el proyecto original que cuenta con media sanción de Diputados. La principal es la penalización de la conducta, sugerida por la Corte.

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia sostiene que el proyecto de ley no contempla toda la complejidad y dimensiones de las vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto del criadazgo y otras formas de explotación laboral infantil y no responde adecuadamente a los requerimientos actuales en términos de organización de la estructura estatal para afrontar de manera efectiva y eficiente dicho flagelo.

El Ministerio de Salud sugiere la modificación de algunas definiciones del proyecto y el Ministerio de Educación se muestra a favor. No así el Ministerio de Economía y Finanzas que señala que el proyecto no fue canalizado a través de la institución presidida por Carlos Fernández Valdovinos.

“No contiene los cuadros de ingresos y gastos, como tampoco establece los recursos a ser requeridos para su cumplimiento, por lo que no se puede determinar con exactitud el impacto financiero de su implementación ni su sostenibilidad financiera en el tiempo”, señala parte del dictamen jurídico de la cartera de Estado.