Pese a sucesivos escándalos de presuntos abogados “mau” que llegaron no solo a ser miembros, sino a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), como el caso del exsenador cartista Hernán Rivas (forzado a renunciar por el escándalo) y el del exdiputado cartista Orlando Arévalo (ahora ANR - Fuerza Republicana) hace un año se viene postergando el estudio de este proyecto de ley que pretende elevar los requisitos para ingresar al órgano extrapoder.

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Desde el 5 de mayo del año pasado viene siendo pateado para adelante sin tratarse el proyecto de ley “que modifica el articulo 3º de la Ley 6814/2021 ‘que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra’“. Fue incluido de vuelta como 5° punto en el orden de la sesión ordinaria de Diputados, fijada para este martes 2 de junio.

Llama la atención la reiterativa dilación y el “desinterés” de la mayoría cartista para tratar el proyecto pese a que ni siquiera despierta mayor controversia en cuanto al fin principal, que quien vaya a ser designado miembro del JEM en representación de alguna de las Cámaras del Congreso, pueda certificar al menos 10 años de experiencia como abogado.

A fin de evitar más casos como el de Rivas y Arévalo, que ingresaron al JEM con presuntos títulos falsos de abogado, en esta reforma se plantea que además tengan al menos 10 años de ejercicio de la profesión, ya sea como magistrados o jueces, ejerciendo como abogado en el sector privado o bien en la docencia.

En el caso de Rivas, se encuentra procesado y a la espera de juicio por poseer un presunto título falso de abogado de la Universidad Sudamericana, y ser designado en dos periodos como miembro del JEM: En 2020 por Diputados y en 2023 por el Senado, donde incluso fue puesto como presidente de la mano del cartismo.

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En el caso de Arévalo, también su título de abogado de la Universidad Leonado Da Vinci tiene altas sospechas de ser falso, aunque en su caso resultó siendo favorecido por el sobreseimiento de la Fiscalía cuando aún era presidente del JEM.

A diferencia de Rivas que renunció por el escándalo de su presunto título falso, Arévalo lo hizo por el caso de “La Mafia manda”, donde mediante conversaciones telefónicas con el difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, obtenidas mediante orden judicial, se evidenció cómo premiaban o castigaban a jueces según respondiesen a ellos.

El proyecto en su parte sustancial, es decir, la exigencia de 10 años de experiencia no tiene discusión. El punto “controvertido” pero que tampoco es sometido a criterio del pleno para que finalmente pueda tener media sanción es sobre el tiempo de mandato.

Actualmente la Ley vigente establece que los miembros del JEM en representación del Congreso tendrán un mandato de 3 años, siendo que el periodo legislativo es solo de 5 años.

Esto genera inconveniente con el designado en el segundo periodo, ya que en caso de no ser reelecto como legislador o cambiar de Cámara, no puede culminar el mandato.

El punto en controversia de estas modificaciones radica en que el proyecto de modificación original plantea reducir el mandato a solo un año (con posibilidad de reelección) a fin de evitar que se enquisten y armen una rosca mafiosa de apriete a fiscales y jueces como presuntamente ocurrió con Arévalo y como también sucedió con el difunto exsenador cartista Óscar González Daher.

Sin embargo, otros dictámenes sugieren reducir el mandato a 2 años y medio, pero sin posibilidad de reelección inmediata, a fin de posibilitar la rotación.