El diputado José Rodríguez (ANR-HC) presentó un proyecto de ley “que crea una cuenta única nacional para la administración de los fondos derivados de las salidas alternativas del proceso penal, y establece su destino específico a programas de deportes, seguridad, educación y salud”. El objetivo es unificar los recursos que ingresan de las salidas procesales y destinarlas de manera equitativa a varios programas sociales.

Según el proyectista, la cuenta será creada en el Banco Nacional de Fomento (BNF) bajo supervisión conjunta de la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Comisión Bicameral de cuentas y control del Congreso Nacional.

El diputado Rodríguez agrega que el dinero de dicha cuenta será inembargable y sus recursos no podrán ser objeto de congelamiento judicial ni administrativo.

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En tanto que la fuente del fondeo serán en el marco de las siguientes figuras procesales, sean ordenados como forma de donación, reparación del daño, indemnización, prestación social, multas pactadas o compensación.

Además se agregan dentro del criterio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, conciliación penal, suspensión condicional de la ejecución de la condena, procedimiento abreviado y medidas sustitutivas con obligación económica.

En tanto que, el ingreso será obligatorio, bancarizado y documentado, quedando prohibido el manejo directo de dinero por funcionarios del Ministerio Público o del Poder Judicial.

El parlamentario oficialista argumentó que la regulación propuesta busca garantizar la trazabilidad de estos recursos mediante su centralización en una cuenta bancaria específica, su distribución conforme a porcentajes fijos, y la implementación de mecanismos concretos de control, seguimiento y evaluación de resultados.

El proyectista indicó que las instituciones beneficiarias serán seleccionadas con base en sus funciones críticas en áreas como falta de oportunidades en el área de deportes, seguridad pública, infraestructura en las escuelas y colegios públicos y atención a adicciones.

El monto total será distribuido de la siguiente manera:

1. Veinticinco por ciento para la Secretaría Nacional de Deportes, destinado a programas deportivos barriales y en centros educativos públicos como actividad extracurricular orientados a niños y jóvenes en situación de riesgo social.

2. Veinticinco por ciento para la Policía Nacional, destinado a compra de combustible y mantenimiento de las motocicletas de la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizada (LINCE).

3. Veinticinco por ciento para el Ministerio de Educación y Ciencias, destinado a la reparación y mantenimiento de los centros educativos con llamados por vía de la excepción.

4. Veinticinco por ciento para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; específicamente para el Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones (CENPTRA).

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Por último, el diputado Rodríguez argumentó que el proyecto incorpora obligaciones específicas para los jueces intervinientes, quienes deberán verificar el cumplimiento del depósito en la cuenta habilitada, informar sobre el destino legal de los fondos y remitir documentación de respaldo a las entidades receptoras y a la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, en el proyecto de ley se prohíbe expresamente la utilización de estos fondos para fines distintos a los establecidos, incorporando sanciones administrativas y penales para el uso indebido, e inhabilitando a los funcionarios responsables.