El presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Diego Torales, comentó que están comprobando un aumento en los casos de invasión de la propiedad privada, “llamativamente cerca de las elecciones, que son de carácter político nacional”, sugirió.

Agregó que esa situación se produjo en Yasy Cañy, donde incluso hubo amenazas, así como en San Pedro. También reportan casos similares en Cordillera, específicamente en la zona del cerro La Victoria, donde un grupo ingresó el domingo por la mañana a una propiedad, con bosques nativos certificados.

“La Policía Nacional cuenta con las mejores condiciones; sin embargo, la Fiscalía no está pudiendo responder”, cuestionó Torales.

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Añadió que al problema en cuestión se suma el hecho de que el productor debe realizar la denuncia y que al hacerlo se encuentra con una fiscal itinerante que, según indicó, “dice que no puede hacer nada”.

Afecta al productor

Mientras tanto se producela tala de bosques y luego el productor termina enfrentando un proceso sumarial administrativo por la deforestación de su propiedad, cuando no es el responsable, denunció. “Al contrario, es víctima del hecho punible, no solo por invasión, sino también de daño a su propiedad y de deforestación”, agregó.

Agregó que la situación no ocurriría si el Ministerio Público tomara las precauciones necesarias para enfrentar la situación. Cuando ocurre un hecho punible, dicha institución debe inmediatamente “procesar a los delincuentes”, imputar a quienes se encuentren dentro de la propiedad privada y proceder dentro del marco de la Ley Riera-Zavala, añadió.

En ese contexto, indicó que la situación puede revertirse siempre que los organismos del Estado, como la Fiscalía, tomen conciencia de que ante la denuncia y la constatación de invasión, y procesen a los responsables.

Actuación de la Fiscalía

Consultado sobre si las autoridades están enfocadas en la lucha contra las invasiones, afirmó que suele dialogar con personal de la Policía, quienes le mencionan que “hoy un fiscal actúa de una manera y otro de forma totalmente distinta”, lo que, a su criterio, vuelve la situación aún más difícil.

Respecto al avance de la Ley Riera-Zavala, promulgada en 2021, mencionó que desde su implementación sigue teniendo un efecto positivo, pese a los últimos hechos que desalientan las invasiones.

El representante de la ARP recordó que anteriormente casi siempre en épocas electorales se registraban invasiones, por lo que fue ese el gran problema. Comentó que los invasores toman mayores precauciones, entran al inmueble, talan árboles y luego salen otra vez, de manera a cambiar la modalidad de invasión, pero siguen cometiendo el hecho punible.

Afecta a la seguridad jurídica

Por ello, insistió en que el Ministerio Público debe poner especial atención a los casos, al ser esencial para generar seguridad jurídica. “Si no existe esta seguridad, no hay un marco de protección para los ciudadanos ni para las empresas”.

Añadió que la falta de seguridad jurídica afecta a toda la sociedad, esto debido a que si una empresa, aunque sea pequeña, sufre un ataque debido a la inseguridad jurídica, los primeros afectados son sus empleados y luego los dueños. Ejemplificó esa situación cómo la falta de un marco legal firme que tiene repercusiones más amplias.

“La Fiscalía, pilar de la seguridad jurídica”

Según Torales, es crucial que el Ministerio Público asuma un rol más activo, ya que constituye un pilar fundamental de la seguridad jurídica en el país. Reconoció que la Policía cumple una función esencial, pero lamentablemente está limitada por la falta de acción fiscal.

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“Conversando con agentes de policía me dicen que sin orden del fiscal no pueden hacer nada. Esto demuestra una falta de coordinación entre las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Debería haber una línea clara de trabajo conjunto”, concluyó.