Las autoridades del TSJE respondieron este lunes a las consultas de los legisladores durante el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. Las denuncias sobre traslados de electores y las críticas a los nombramientos fueron algunos puntos que se pusieron a consideración.

El presidente de la institución, Jorge Bogarín, contestó los planteamientos sobre el padrón electoral y la gestión del personal. El director general de Administración y Finanzas, Daniel Echagüe, explicó las variaciones en bonificaciones y subsidios.

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Denuncian traslados irregulares de electores

El diputado Emilio Pavón denunció 880 presuntos traslados indebidos de electores a la localidad de San Carlos del Apa, departamento de Concepción. También afirmó que la ciudad de San Alfredo arrastra reclamos sobre su padrón desde hace cinco años.

Según su exposición, personas de otros distritos obtuvieron certificados de residencia con direcciones falsas. Pavón sostuvo que las impugnaciones ante la justicia en la localidad de Concepción fueron rechazadas y pidió controles sobre los documentos.

El diputado también habló de supuestos pagos a electores, aunque aclaró el alcance de su denuncia: “No tengo documentos, pero sí sabemos que se le paga a la gente para llevarla”, agregó.

La presidenta de la Comisión, Cristina Villalba, sumó un reclamo sobre el departamento de Canindeyú. Afirmó que una exfuncionaria de la Justicia Electoral habría participado en una maniobra de traslados y anunció que entregará la documentación. “Tenemos la prueba de los traslados, tenemos la prueba de los pagos”, aseguró Villalba.

Por su parte el diputado César Cerini planteó otro problema: ciudadanos de la localidad de Encarnación que, según su intervención, fueron ubicados en otros distritos para votar.

Prometen revisar traslados y denunciar posibles delitos

Bogarín respondió que los traslados irregulares preocupan al TSJE y que los casos expuestos pasarán a las comisiones técnicas.

Explicó que una solicitud de cambio de domicilio puede ser legal, pero que varias personas con una misma dirección deben activar controles. Ante posibles documentos falsos, señaló que corresponde denunciar y que el Ministerio Público debe investigar.

Sobre la eventual participación de funcionarios, expresó: “Vamos a perseguir y aplicar todo el peso de la ley para esas prácticas irregulares”, refirió.

Bogarín respondió que el TSJE dio instrucciones a sus órganos judiciales para prestar especial atención a los casos dudosos.

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Multa por no votar: TSJE anuncia procedimiento de cobro

El diputado Cerini preguntó por qué no se ejecuta el cobro obligatorio a los electores que faltan a las urnas.

Bogarín respondió que la multa equivale a un jornal, aproximadamente G. 117.000, y que el procedimiento debe permitir al ciudadano justificar su ausencia antes de una sanción.

Explicó que, si corresponde, el caso podrá pasar a un juez y una sentencia servirá de base para exigir el pago. También señaló que las cuentas para recibir los fondos ya fueron habilitadas. “La respuesta es que sí hay una ley y la respuesta es que sí vamos a aplicar el procedimiento”, afirmó.

Dijo que el TSJE prevé contar con un portal en su página web para que por número de cédula los ciudadanos puedan consultar sobre situaciones puntuales.

La diputada Alexandra Zena sugirió evaluar los datos del registro de habilitación de rodados como una herramienta para revisar domicilios y detectar posibles traslados falsos.

Bogarín agradeció la propuesta y expresó que el TSJE analizará las alternativas tecnológicas, con atención a la protección de los derechos de los ciudadanos.

TREP: piden revisar la difusión y TSJE defiende el procedimiento

En otra intervención, el diputado Pavón también cuestionó la rapidez de la difusión de los resultados preliminares por medio de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Propuso evaluar una espera de una o dos horas para evitar confusiones por proyecciones con pocas mesas.

Bogarín explicó que el acta pasa a un funcionario encargado de trasladarla y luego al responsable de transmitir los datos al centro de monitoreo. “Nunca transmitimos un resultado de una mesa que no está totalmente terminado el escrutinio”, afirmó y manifestó que la institución está abierta a propuestas para mejorar el sistema de la TREP.

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Consultan por concursos y gastos de personal

El senador Ignacio Iramain pidió conocer qué porcentaje del personal ingresó por concurso. También consultó sobre 119 cargos adicionales que, según las cifras que citó, figuran para 2027, además de las bonificaciones y los funcionarios comisionados.

Bogarín respondió que la Justicia Electoral deberá adecuarse a los concursos de mérito y aptitudes previstos en la nueva ley del servicio civil. Sobre las preferencias partidarias del personal, sostuvo: “Al ingresar, sus colores son el rojo, blanco y azul”.

El director general de Administración y Finanzas, Daniel Echagüe explicó que el aumento de bonificaciones entre 2025 y 2026 respondió a una suba salarial de magistrados electorales y a cambios en la estructura de la institución. Aclaró que el proyecto de 2027 no prevé otro incremento en ese concepto. Respecto al subsidio de salud, indicó que pasa de G. 300.000 a G. 500.000.

Nombramientos y padrón electoral concentran críticas de una senadora

La senadora Blanca Ovelar pidió criterios de mérito y antigüedad para los nombramientos. Denunció diferencias entre funcionarios con años de servicio y otros con menor permanencia, además de supuestos casos de personas que cobran sin asistir.

Bogarín respondió que en enero de 2024 fueron nombrados los contratados con más de 10 años de antigüedad. Reconoció que aún existen tareas pendientes en la gestión del personal.

La legisladora también cuestionó la relación entre la población y el número de electores, así como la presencia de personas de edades muy avanzadas en el padrón.

Bogarín sostuvo que, según el marco legal que describió, el certificado de defunción es el documento que permite excluir a una persona. Anunció un proyecto de ley para ampliar las herramientas de depuración y mencionó la posibilidad de retirar del padrón a quienes no voten en dos elecciones generales.