El pasado 15 de octubre venció el plazo para la respuesta del Banco Central del Paraguay (BCP) “que pide informes al Banco Central del Paraguay, sobre auditorías y causas penales relacionadas con el Banco Atlas”, respuesta que según el presidente de Diputados, Raúl Latorre (ANR, Peñista) sigue lacrada y será recién puesta a consideración mañana en mesa directiva de la Cámara Baja, convocada para las 9:00.

Diputado plantea hasta 10 años de cárcel por terrorismo financiero y defiende autonomía del BCP

Esta respuesta pondrá a prueba la coherencia del propio Banco Central del Paraguay (BCP), así como la de los peñistas, empezando por Alejandro Aguilera, que cuando se dio la respuesta al pedido de informes del Senado sobre Ueno habían alegado “secreto bancario” e incluso lanzaron amenazas de acciones por supuesto “terrorismo financiero” si es que se divulgaba la respuesta.

A diferencia del pedido de informes sobre Ueno, donde las preguntas fueron específicas sobre la aplicación de procedimientos de control del BCP, el pedido de informes de Aguilera ni siquiera se podría considerar como tal, sino directamente como un apriete, ya que cuestiona por ejemplo, por qué no imputaron en supuestas causas penales.

“Indicar si la acusación penal que alcanza a autoridades y directivos de Banco Atlas dio lugar a una investigación administrativa paralela destinada a evaluar la eficacia de los controles internos de la entidad; y, en caso negativo, expresar las razones y los fundamentos jurídicos y técnicos de dicha decisión”, señala, por ejemplo una de las 32 consultas al BCP.

En el caso de Aguilera, lo grave es que es miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y, por ende, se podría interpretar como un mecanismo para amedrentar e inducir a la actuación de jueces y fiscales en investigaciones en proceso.

El diputado peñista, uno de los más férreos defensores de los exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña, el grupo Vázquez, cuando se dio a conocer la respuesta del BCP al Senado, que motivó el quiebre de Honor Colorado, había amenazado con reflotar una ley que castigue el “terrorismo financiero”, con el afán presuntamente de censurar la publicación de dichos datos.

Sin embargo, muestra una “doble vara”, ya que para él podría ser “terrorismo financiero” la publicación de informes oficiales sobre excesos en los límites legales de transferencias a empresas vinculadas al grupo Vázquez, no así lo que hace contra el banco que forma parte del grupo empresarial al que pertenece ABC Color, que viene publicando las presuntas irregularidades en el BCP.