Ayer venció la quinta prórroga otorgada por Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Sin embargo, una vez más, la compañía no cumplió con la entrega de las 100.000 toneladas de gasoil comprometidas, por un valor de US$ 61 millones.

Pese al evidente incumplimiento, Petropar sigue sin informar si se decidió o no una nueva prórroga. La semana pasada, Jara había anunciado que se evaluaba una extensión del plazo “si estaban dadas las condiciones”, pero desde entonces no se emitió ninguna información oficial. Este medio intentó contactar con el presidente de la petrolera, pero no obtuvimos respuestas.

El gerente general de la entidad, William Wilka, también guarda silencio y desde la Dirección de Comunicaciones, a cargo de Norma Caballero, se limitaron a decir que no tienen información al respecto. La pregunta clave sigue sin respuesta: ¿por qué no se rescinde el contrato tras los incumplimientos?.

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Sin intención de ejecutar millonaria garantía

En lugar de ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, todo indica que la estatal volverá a conceder más tiempo a Doha Holding. Dicha garantía fue presentada mediante una simple declaración jurada, en lugar de una póliza de seguro o aval bancario formal. El valor de la caución representa el 5% del total del contrato, es decir, unos US$ 3.050.000, supuestamente respaldado por el Qatar International Islamic Bank (QIIB).

El documento lleva la firma del jeque Khalifa Hamad Al-Thani, quien —según denuncias de legisladores— ha firmado cinco adendas sin haber estado presente en el país más que una vez. A nueve meses de la firma del contrato, la empresa sigue sin entregar una sola gota de combustible.

“Estamos insistiendo. Tenemos videoconferencias con esta gente prácticamente todos los días, y nos dijeron que hoy (lunes 23 de junio) tendríamos una información definitiva, porque esta última adenda vence el 30”, declaró Jara hace más de una semana, tras reunirse con la mesa directiva del Senado.

Agregó que una eventual nueva prórroga solo se otorgaría si Doha Holding demostraba que “esta vez haría algo diferente a lo que ha hecho hasta ahora”. Sin embargo, no hubo más explicaciones públicas.

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Petropar: dudosa última adenda

La quinta adenda, firmada el 28 de marzo de este año, no solo amplió el plazo contractual, sino también la vigencia de la garantía de cumplimiento, que la estatal inexplicablemente evita ejecutar.

Las inconsistencias en la comunicación sobre esa adenda alimentan las sospechas. Inicialmente, Petropar informó que el plazo se extendía hasta el 30 de abril. Posteriormente, mencionó una sexta adenda con vigencia hasta fines de mayo. Finalmente, a fines de ese mes, publicó en el portal de Contrataciones Públicas un único documento oficial que extiende el contrato hasta el 30 de junio, contradiciendo versiones anteriores.

Estas contradicciones refuerzan las sospechas de que Petropar podría estar “ajustando” documentos según la conveniencia de la firma catarí. La indulgencia hacia Doha Holding genera inquietud, más aún teniendo en cuenta sus constantes incumplimientos y la inexperiencia admitida por el propio Jara.

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Prórrogas podrían violar la ley

El contrato original fue firmado el 30 de septiembre del año pasado, bajo la figura de una compra “urgente por oportunidad”. El cronograma establecía que la entrega debía realizarse entre el 23 de octubre y el 15 de noviembre de ese mismo año. Sin embargo, las sucesivas prórrogas desvirtúan totalmente el carácter de urgencia alegado, y ponen en desventaja a los demás oferentes que fueron descalificados por no poder cumplir con esos plazos.

La Ley 7021 de Contrataciones Públicas, en su artículo 67, solo permite modificar hasta un 20% del monto o del plazo de un contrato, y únicamente en caso de circunstancias imprevisibles que no generen ventajas indebidas. En este caso, no solo no se cumplieron los plazos, sino que las extensiones ya superan ampliamente ese límite legal, lo que podría constituir una violación normativa.