El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ejecutó un total de US$ 396 millones en los primeros siete meses del presente año, lo que representa el 40% de su plan financiero vigente de US$ 980 millones para este ejercicio fiscal, lo cual denota un progreso constante en la dinámica y el avance de sus proyectos y programas.

Con relación a la ejecución en el rubro de inversión física (nivel 500 para obras propiamente), que alcanza US$ 269 millones acumulados al mes de julio, es equivalente al 37% del presupuesto asignado de US$ 725 millones para este concepto, según se desprende del informe de la Dirección de Planificación Económica (DPE), con datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

Pese a que la cartera ni siquiera invirtió la mitad de su presupuesto de obras a esta altura del año, la institución destacó que este monto alcanzado “se considera importante” atendiendo el contexto desafiante que enfrenta la actual administración, haciendo frente al pago de deudas heredadas y a la necesidad de mantener en marcha las principales obras en ejecución, como así también el lanzamiento de nuevas obras.

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“El avance en la ejecución presupuestaria de la cartera estatal implica un intenso trabajo operativo, tanto en el terreno de obras como en los procesos administrativos. Esta labor requiere de una coordinación estrecha con otras entidades gubernamentales, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)”, resaltó la institución.

Hasta la fecha, la cartera adjudicó una sola obra de envergadura, que es la ruta de la soberanía, por casi US$ 200 millones, y cuyo proceso tuvo una lluvia de protestas en Contrataciones Públicas.

La cartera de Estado también destacó que la actual gestión del MOPC opera en un contexto de retorno a la meta fiscal, lo que implica un espacio presupuestario más limitado en comparación con años anteriores. A pesar de esta restricción, el ministerio está trabajando en coordinación con el MEF para diseñar planes de inversión que permitan mantener niveles satisfactorios de obras públicas, con el doble objetivo de reducir la brecha en infraestructura y estimular la economía y el empleo.