El abogado Pedro Santacruz Acosta, asesor jurídico de la Defensoría del Pueblo, se refirió este lunes al pedido de desafuero del defensor del Pueblo, Rafael Luis Ávila Macke, tras ser imputado por supuesto desacato a una orden judicial.

En conversación con ABC, el abogado aseguró que la imputación “no tiene sustento legal” y adelantó que la institución evalúa plantear la nulidad del proceso.

Fiscalía pide desafuero del defensor del Pueblo tras imputación

Según explicó Santacruz, el desacato que se le atribuye al defensor se basa en un supuesto incumplimiento de una medida judicial que ordenaba la reposición de Nidia Pintos Benítez, quien había sido desvinculada de su cargo como directora general. Sin embargo, aseguró que dicha orden fue cumplida.

La reincorporación de funcionaria ya se realizó

La funcionaria fue apartada del cargo en su momento por faltas graves, conforme al reglamento interno de la institución, explicó Santacruz. Tras este hecho, la trabajadora acudió a la Justicia y, tras un fallo del Tribunal de Cuentas, se ordenaba su reincorporación.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió la Resolución N.º 257/2024, con fecha 1 de octubre del 2024, mediante la cual Pintos Benítez fue restituida a su puesto, siendo asignada como directora general de Atención a Personas Privadas de Libertad.

Funcionaria denuncia acto sexual en despacho del defensor del Pueblo y este lo niega

“El cumplimiento se dio plenamente. No hay desacato alguno”, enfatizó el abogado.

Tres pedidos de informe fueron respondidos

Santacruz detalló que, a lo largo del proceso, el Ministerio Público hizo tres requerimientos formales para conocer si se había dado cumplimiento a la medida judicial. En todos los casos, según expresó, la Defensoría respondió y envió informes y documentos que respaldaban que la resolución judicial fue cumplida.

“Queremos saber qué motivó esta imputación. Nos llama la atención que, pese a haber respondido a todos los pedidos, igual continuó esta causa”, manifestó.

“No existe hecho punible”

El asesor jurídico reiteró que se tiene la convicción de que este proceso penal no debe prosperar y que no corresponde avanzar con el pedido de desafuero.

Ante esta situación, analizan solicitar la nulidad del proceso si el Ministerio Público insiste en continuar con la causa.

“Si no se rechaza de oficio esta imputación, vamos a plantear la nulidad”, concluyó.