La toma de control de Islamabad sucede ante las protestas convocadas por el partido opositor Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), que gobierna la provincia, para exigir la liberación del exprimer ministro Imran Khan, encarcelado desde 2023, la anulación de los resultados electorales de febrero y exige medidas al Gobierno central ante la subida de los precios.

El presidente firmó la recomendación del Gabinete Federal bajo los artículos 232 y 234 de la Constitución de Pakistán, en respuesta al deterioro de la seguridad, los informes de inteligencia sobre el orden público y al colapso de las negociaciones entre las delegaciones del Gobierno central y los líderes opositores provinciales, declaró Presidencia.

Ante la movilización que avanza hacia la capital desde el pasado 4 de octubre, el Ejecutivo central justificó la decisión argumentando que la administración provincial utiliza recursos públicos para financiar las marchas y mantiene una "desvinculación deliberada en la lucha contra el terrorismo" en la convulsa frontera con Afganistán.

"La forma en que se está martirizando a ciudadanos comunes, oficiales de policía, agentes de seguridad, niños y madres (...) no puede haber nada más desgarrador", afirmó Sharif, que aprovechó para instar a Kabul a frenar el paso de elementos terroristas hacia territorio paquistaní.

El jefe de Gobierno de KP, Sohail Afridi, advirtió que la imposición del estado de emergencia en la provincia desencadenaría un aumento de las movilizaciones.

Pese a la medida excepcional adoptada por el poder central, el PTI mantiene en marcha la movilización después de atravesar Peshawar y Charsadda, y avanzan este domingo hacia Swabi, donde la directiva del partido opositor prevé definir los siguientes pasos de su protesta.

"No hay otra opción que aceptar nuestras demandas, no daremos un paso atrás en nuestras peticiones constitucionales y legales bajo ninguna circunstancia", escribió Afridi en la red social X.