Este martes, el juez de Garantías José Agustín Delmás resolvió otorgar la libertad ambulatoria al extitular de la Seprelad Óscar Boidanich y a sus funcionarias Raquel Cuevas y Melissa Parodi.

Recordemos que estos tres funcionarios públicos fueron procesados por lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal, en el caso Darío Messer.

A cambio de obtener la libertad ambulatoria, los procesados deberán entregar una caución real consistente en G. 500 millones cada uno.

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Medidas impuestas

Este martes se llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas, en la que el magistrado les exigió cumplir con ciertos presupuestos, entre estos que la defensa técnica garantice el arraigo de los mismos, prohibición de salida del país, firma mensual y fijar domicilio en un lugar determinado, avisando al Juzgado sobre cualquier cambio de residencia.

En esta imputación trabajaron cinco fiscales del Ministerio Público, que en su acta pidieron medidas alternativas.

Hoy se presentó una de las investigadoras, la agente Alma Zayas, quien se ratificó en las medidas solicitadas.

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Se concretó audiencia luego de varias chicanas

Así, Óscar Boidanich, Raquel Cuevas y Melissa Parodi obtuvieron la libertad ambulatoria.

Este fue el tercer intento del juez Delmás de llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas cautelares y finalmente se concretó.

La primera convocatoria para la diligencia fue el pasado 22 de junio y se suspendió debido a un recurso de reposición con apelación subsidiaria que planteó la defensa en contra de la admisión de la imputación y apertura del presente proceso penal por parte del juzgado. La última suspensión fue el 28 de agosto, a causa de la Cámara de Apelaciones, que no resolvió una aclaratoria solicitada por la defensa.

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Hicieron “vista gorda” ante reportes de operaciones sospechosas

Al momento de presentar la imputación, los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera pidieron al juzgado que dicte la libertad ambulatoria de los procesados.

La imputación presentada por los fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Deny Yoon Pak refiere que, entre el 2017 y 2018, Seprelad recibió varios reportes de operaciones sospechosas en relación a Darío Messer, empresas vinculadas a éste, y sobre Juan Pablo Jiménez Viveros; sin embargo, no aplicó el protocolo establecido para los casos calificados como de alto riesgo.