Según una declaración firmada por la Unión General de Trabajadores Tunecinos, el mayor sindicato del país, y un grupo de destacadas organizaciones de la sociedad civil, el Ejecutivo "continúa con la toma de decisiones unilaterales y el desprecio a las demandas legítimas de los tunecinos, amenazando su estabilidad y su futuro".

Ante esta situación, los firmantes -entre ellos, la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH)- reafirmaron su compromiso con la lucha por las libertades públicas e individuales y por la independencia del Poder Judicial, que -aseguraron- está "manipulado" por las autoridades gubernamentales.

Asimismo, rechazaron las restricciones del Gobierno a la actividades sindicales, periodísticas, de derechos humanos, civiles y políticas, así como a cualquier reunión o manifestación pacífica.

En el documento, suscrito también por el Colegio Nacional de Abogados, las organizaciones "renuevan su compromiso" con la defensa de los derechos económicos y sociales, entre los que destacan el derecho al trabajo "decente", a un salario justo y a una vida digna.

Además, subrayaron la necesidad de proteger el poder adquisitivo, garantizar el derecho al empleo, la salud, la educación, el transporte y los servicios públicos, sin "ningún tipo de marginación, exclusión o vulnerabilidad".

Para "mantener la lucha", abogaron por la unidad de acción y la solidaridad entre las organizaciones nacionales y los actores de la sociedad civil, como "un pilar fundamental" para el pueblo tunecino.

En este sentido, instaron a todas las fuerzas civiles a fortalecer la solidaridad y a participar con responsabilidad en todas las iniciativas encaminadas a defender los derechos y libertades y a lograr la justicia social y la dignidad humana.

Los firmantes se comprometieron a llevar a cabo un conjunto de acciones e iniciativas desde posiciones comunes, entre las que anunciaron una marcha nacional para el día 17 de octubre, bajo el lema "Túnez primero y el pueblo por encima de todas las consideraciones".

Desde que Said, en el poder desde 2019, se arrogara plenos poderes en 2021, diversas entidades y organismos han denunciado un deterioro del clima de libertades y una intensificación de la persecución a la disidencia, con el encarcelamiento de opositores, periodistas y activistas, entre otros.