El organismo advierte que los niños que crecen en la pobreza o en condiciones socioeconómicas desfavorables tienen más probabilidades de presentar peor salud, resultados educativos más bajos y menores perspectivas laborales, lo que a largo plazo se traduce en una menor productividad, menos ingresos fiscales y mayores costes para los Estados.

La OCDE señala que el gasto social de sus países miembros ha aumentado desde alrededor del 20 % del PIB hace dos décadas hasta el 25 %, impulsado principalmente por el gasto en salud y pensiones. Sin embargo, los programas destinados a familias con hijos siguen representando menos del 10 % del gasto social total.

En 2023, el 12,5 % de los niños de los países de la OCDE vivía en situación de pobreza. Además, alrededor de uno de cada siete niños en los países europeos de la OCDE sufrió privación material y social grave en 2024, incluso en muchos casos pese a vivir en hogares por encima del umbral de pobreza.

La situación también se refleja en educación y salud, según la OCDE, ya que la proporción de jóvenes de 15 años con competencias insuficientes en las pruebas PISA aumentó del 31 % en 2009 al 43 % en 2025, mientras que más de uno de cada cinco adolescentes considera que su estado de salud es regular o malo.

El informe sostiene que no basta con aumentar el gasto, sino que es fundamental determinar cómo se distribuyen los recursos. De manera que la OCDE señala que los mejores resultados se obtienen mediante una combinación de ayudas a los ingresos, medidas para favorecer el empleo de los padres y servicios públicos accesibles, como guarderías.

La educación y atención a la primera infancia destaca entre las inversiones con mayores efectos, según el estudio, pues un aumento del gasto y de la participación de los niños de entre 3 y 5 años en estos servicios se asocia con una menor pobreza infantil, mejores resultados educativos y una mejor salud posterior.

Según las estimaciones de la OCDE, aumentar la proporción del gasto social destinada a estos servicios, acompañado de una mayor participación, podría incrementar en torno a un 50 % su impacto sobre la reducción de la pobreza infantil relativa durante diez años.

La organización con sede en París estima además que una mayor inversión y participación en estos servicios podría reducir en un 4 % la proporción de alumnos con bajo rendimiento en PISA y aumentar en un 3 % la de estudiantes con mejores resultados, respecto a los niveles de 2025.

Las políticas de empleo también desempeñan un papel importante, destaca el informe, ya que destinar un punto porcentual adicional del gasto social a políticas activas de empleo podría aumentar en un 24 % su eficacia para reducir la pobreza infantil y en un 9 % para reducir la privación material grave, además de limitar en un 1 % el crecimiento del gasto en diez años.

Señala también que las ayudas económicas directas siguen siendo esenciales, especialmente para hogares de bajos ingresos, familias monoparentales y familias numerosas. Pero la OCDE advierte de que las transferencias monetarias son más eficaces cuando se combinan con servicios de salud, vivienda, educación y cuidado infantil.

El organismo concluye que las políticas deben mantenerse durante toda la infancia: la intervención temprana es crucial para prevenir las desventajas, pero el apoyo durante la adolescencia sigue siendo necesario para mejorar los resultados educativos, la salud y la movilidad social.