Fuentes del Gobierno indicaron hoy que la intención es volver a aprobarlos, después de que una mayoría formada por los conservadores (Partido Popular), extrema derecha (Vox) y los independentistas catalanes de Junts se opusieran a la preceptiva convalidación parlamentaria.

Con el Parlamento disuelto debido al adelanto electoral anunciado por Sánchez, los decretos tendrían que ser refrendados en el plazo de 30 días por la Diputación Permanente del Congreso, no ya por el plenario de la cámara, como ocurre en circunstancias ordinarias.

Este órgano cumple un papel de sustituto del plenario para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas cuando el Parlamento esté disuelto o haya expirado su mandato, como ocurre con la convalidación de los decretos-leyes dictados por el Gobierno.

Según el artículo 78 de la Constitución española, en cada cámara legislativa (Congreso y Senado) habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica.

En ese caso, a diferencia del plenario, el Gobierno dispondría en la Diputación Permanente del Congreso, formada por 68 diputados, de una mayoría parlamentaria suficiente para convalidar al menos uno de los dos decretos, el que contiene el grueso de medidas contra la carestía de los alquileres, pues ya no sería necesario el voto a favor de Junts.