- ¿Qué valoración le deja la semana de sesiones plenarias presenciales de la Corte Interamericana en Paraguay, la tercera en 20 años?

- Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Creo que ha sido una experiencia muy positiva. Ha sido una sesión muy intensa y productiva, con una agenda de trabajo muy cargada. Por ejemplo, hemos celebrado tres audiencias públicas, y una audiencia privada. De igual modo, hemos mantenido visitas protocolares con distintas autoridades. La Presidenta, doctora Nancy Hernández, ha firmado convenios de cooperación y ha hecho varias visitas a distintas instituciones. Los jueces y juezas han podido dialogar con distintas autoridades locales. Además, se ha generado un espacio de diálogo con la sociedad civil que fue muy importante. Hemos podido llevar a cabo un seminario académico a efectos de divulgar el trabajo de la Corte IDH, en el marco de la Universidad Nacional de Asunción. Tuvimos una emotiva visita al Museo de la Memoria guiado por el Dr. José Agustín Fernández y todo el equipo del museo, con la presencia del señor Rogelio Goiburú y la señora Licita Fernández Casabianca, lo cual fue muy significativo. Y así sucesivamente. También es importante señalar que, aunque yo no haya participado (por ser Juez nacional de Paraguay no puedo intervenir en casos contra el Estado paraguayo), se han llevado a cabo importantes audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias contra el Estado paraguayo, y eso es clave para medir los avances y desafíos que aún persisten, a fin de lograr el cumplimiento total de las sentencias. En fin, ha sido una gran experiencia, y quiero agradecer a todas las personas de este país tan maravilloso que han hecho sentir tan bien a nuestros invitados del extranjero.

- ¿Sobre la cuestión institucional, si puede explayar a qué se refiere a que la Corte IDH no es una cuarta instancia?

- Sí, por supuesto, es muy importante la pregunta. A veces no se entiende la naturaleza del sistema internacional de protección de derechos humanos. La Corte Interamericana no funciona como una instancia revisora o de alzada de una decisión que haya adoptado un tribunal interno. Lo que hace la Corte IDH es determinar si un Estado ha violado o no uno o más artículos de la Convención Americana o de otros tratados del Sistema. Lo que ocurre muchas veces es que las violaciones a los derechos se producen en relación a dos artículos de la Convención, el 8 y el 25, relativos a las garantías judiciales y a la protección judicial, respectivamente y, al determinar estas violaciones, la Corte IDH podría notar que las instancias judiciales fallaron en respetar las garantías del debido proceso o el acceso a un recurso efectivo para la protección de un derecho fundamental.

Pero el sistema es de naturaleza subsidiaria, complementaria y coadyuvante. Eso significa que uno primero debe agotar las instancias internas, es decir, las garantías para la protección de los derechos que existen al interior de cada Estado. Si el caso llega a la Corte IDH, el tribunal tiene la atribución de determinar la responsabilidad internacional del Estado, en caso de que encuentre que el Estado ha violado derechos reconocidos en la Convención (u otros tratados). En estos casos, la Corte IDH ordena las medidas de reparación integral para las víctimas de la violación. Pero la Corte no está para dirimir desacuerdos que tengan las partes sobre la valoración de la prueba o sobre la aplicación del derecho interno que hayan hecho los tribunales locales, siempre que estas decisiones no tengan relación directa con el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esta es la forma como funciona el sistema, y por eso se dice que la Corte IDH no es una cuarta instancia

- ¿ Cuándo se puede acudir a la Corte IDH?.

- Bueno, esto está en parte explicado en la respuesta anterior. La primera línea de batalla se da a nivel interno. Si fallan los mecanismos internos, es decir, las garantías que existen al interior de los Estados para proteger los derechos, se puede acudir a la Comisión Interamericana, que es el otro órgano de protección con el que cuenta el Sistema. Luego del trámite ante la Comisión, de no lograrse una solución a las violaciones alegadas, este órgano puede finalmente decidir, conforme a las normas que rigen su funcionamiento, remitir el caso a la Corte IDH. Es un proceso que lleva su tiempo, lo cual ha merecido cuestionamientos de distintos actores, y es un problema que no lo puede resolver la Corte IDH.

Lo tenemos que encarar colectivamente, a nivel de los órganos políticos de la OEA, con la participación de todos los actores y actoras interesados (Estados, Comisión Interamericana, academia, sociedad civil, víctimas, etc.). Lo ideal sería ir perfeccionando el Sistema cada vez más, no solo quedarnos en el plano de la crítica.

- ¿Cuál es su opinión sobre la situación de la democracia en Latinoamérica?

- Mire, a nivel global y regional, noto con mucha preocupación lo que podría describirse como un claro proceso de retroceso democrático, que en algunos países resulta muy evidente. Si uno se fija en los índices internacionales que miden la situación de las democracias a nivel global, la tendencia se ve claramente.

El modelo de democracia representativa tradicional, o de democracia liberal, tal cual lo conocíamos, se halla en crisis. Me refiero a ese mismo modelo que para Fukuyama supuso, a fines de los 90 del siglo pasado, el “fin de la historia”, y que hoy está tratando de ser reemplazado en algunos países por proyectos muy diferentes. Algunos de estos proyectos que se proponen como alternativa tienen un tinte claramente autoritario, y suponen, a mi modo de ver, una vuelta inaceptable a modelos y formas ya superados que no son compatibles con el pluralismo y las libertades públicas.

Fíjese que acá hay una cierta analogía con los procesos de deslegitimación de las democracias representativas que se dieron a principios del siglo XX en Europa, y que ciertamente tuvieron repercusiones en América Latina. Pienso, por ejemplo, en las visiones contrapuestas de Kelsen y Schmitt sobre la democracia y el parlamentarismo. La batalla se da no solo en el plano político, sino también en el ámbito de las ideas. Ese intento de superar el modelo democrático y pluralista llevó finalmente a una catástrofe que todos conocemos.

En este contexto, la Corte IDH tiene un desafío enorme por delante, que no resulta fácil de encarar. Partamos de la base de que el derecho internacional depende en buena medida de la cooperación de todos los Estados, y del cumplimiento de buena fe de sus obligaciones internacionales. En un contexto de autoritarismo, la Corte IDH probablemente deba entrar en tensión no solo con democracias que en ocasiones puedan estar disconformes con decisiones puntuales (lo cual cabe esperar de un tribunal internacional de derechos humanos), sino además -y esto lo preocupante- con Estados que han caído en una deriva autoritaria y que pueden desacatar por completo las decisiones de la Corte IDH.

Pero, a pesar de esta circunstancia, ese es justamente nuestro papel en el contexto actual, o al menos esa es mi manera de verlo: la Corte IDH debería actuar como dique de contención para evitar que se produzcan retrocesos y regresiones. Existe una literatura especializada que estudia si los tribunales internacionales y domésticos tienen o no la capacidad de llevar a cabo esta lucha de forma exitosa. Yo en lo personal pienso que un tribunal internacional tiene mucho que contribuir para apuntalar los valores de una democracia abierta, tolerante, plural, y respetuosa de los derechos y libertades públicas, o que al menos, debería intentarlo. Pero para eso necesitamos el apoyo de una ciudadanía interamericana comprometida con los valores del sistema.

- ¿Cómo ve la situación actual de los derechos humanos en la región?

- El Sistema Interamericano siempre se ha enfrentado a distintos tipos de problemas a lo largo de su historia. Piense por ejemplo en la época de las dictaduras militares, con violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Desafortunadamente seguimos conociendo casos de esta naturaleza. Hoy en día tenemos demasiados desafíos como para poder ser abordados en un espacio tan breve, pero podría mencionar algunos, por ejemplo, la situación de violencia y discriminación contra las mujeres y otros grupos, la desigualdad social que genera exclusión, la pobreza, el impacto de la corrupción en los derechos, etc.

Y, por supuesto, existen desafíos más novedosos, como los que plantean la emergencia climática, el despliegue de las libertades públicas en contextos neoautoritarios a los que me referí antes, los desafíos que representan nuevas tecnologías para los derechos, como la inteligencia artificial, etc. En fin, el desafío para la Corte IDH es proteger siempre la dignidad humana ante los nuevos retos (y los retos no tan nuevos) que van apareciendo.

- ¿Cómo ve el papel de la prensa en la sociedades latinoamericanas?

- La prensa cumple un rol fundamental en toda sociedad democrática, y la Corte IDH ha dicho que se trata de una “piedra angular” que garantiza la existencia misma de una sociedad democrática. Es decir, no se puede concebir una democracia sin una prensa libre y vigorosa. La Corte IDH tiene una jurisprudencia muy nutrida que ha sido elaborada a lo largo de décadas en defensa de la libertad de expresión y de prensa, y de las personas periodistas. Estas personas, con su profesión, contribuyen a que haya un mayor control y transparencia de los actos estatales.

Al mismo tiempo, permiten que los ciudadanos puedan participar más activamente de los asuntos públicos, al estar informados acerca de los temas que son de interés colectivo. En síntesis, se trata de un pilar fundamental de la democracia, y ello ha sido reconocido también en la Carta Democrática Interamericana. La libertad de expresión y de prensa debe ser protegida y garantizada, por tratarse de un derecho fundamental íntimamente ligado al funcionamiento de un régimen de libertades públicas, además de cumplir otras funciones básicas en nuestras sociedades. Esto está estrechamente relacionado a la pregunta anterior. Fíjese que los modelos neoautoritarios tienden a atacar, justamente, la libertad de prensa, así como la independencia judicial y otras piezas esenciales de nuestras democracias constitucionales.

- ¿Últimamente aparecieron casos de amenazas a la integridad de los periodistas, qué opina al respecto?

- Lo veo con preocupación, y es algo que en la Corte IDH nos tomamos con muchísima seriedad. La Corte IDH ha ido desarrollando, también a lo largo de décadas, una jurisprudencia destinada a brindar protección a las personas periodistas, cuya labor se halla indisolublemente ligada a la libertad de expresión reconocida en el artículo 13 de la Convención. Por ejemplo, la Corte IDH ha intentado brindar a las personas periodistas la seguridad y la protección necesarias para que puedan cumplir con su rol de mantener informada a la sociedad de manera a garantizar un debate público robusto.

Además, la Corte IDH ha enfatizado la relación entre la importancia de garantizar la labor que desarrollan las personas periodistas en conexión con el derecho a la vida y a su integridad personal. La Corte IDH también ha llamado la atención sobre actos estatales que son contrarios a la Convención por su efecto disuasivo e inhibidor sobre el papel que cumplen los periodistas. También ha señalado que los Estados tienen un deber especial de protección para periodistas en situación de riesgo, y así sucesivamente. En fin, ha sido un tema de preocupación constante y recurrente. Por supuesto, también hay que decir que las personas periodistas deben cumplir su rol dentro del marco que establece la Convención Americana, eso cae de maduro.

Lo cierto que es que, más allá de esto, siempre ha habido actores políticos en distintos países de la región (y de todo el mundo) a quienes quizá no les agrade ser sometidos a escrutinio público, que es una parte importante del rol que cumplen las personas periodistas. Pero esas son las reglas del juego democrático. Estas reglas garantizan esferas de libertad (negativa y positiva, en el sentido de Isaiah Berlin) que permiten además la posibilidad de una coexistencia pacífica entre todos los sectores de la sociedad, de manera a construir sociedades más justas que tengan siempre como norte el respeto irrestricto de la dignidad humana.

Diego Moreno Rodríguez Alcalá es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Master en Derecho (LL.M) por la Universidad Columbia de la ciudad de Nueva York. Abogado, egresado con promedio sobresaliente de la Universidad Católica de Asunción

Es docente e investigador, con más de 20 años de trayectoria en la academia, en la función pública internacional y en el ejercicio de la profesión. Tras graduarse con honores de la Universidad Católica de Asunción, realizó sus estudios de maestría con énfasis en teoría del derecho y derechos fundamentales en la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York. Posteriormente, obtuvo el título de Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España.

Es profesor de grado y de postgrado en universidades e institutos de su país y del extranjero, donde imparte asignaturas sobre teoría constitucional, derechos fundamentales, interpretación y argumentación jurídica, así como temas selectos del Sistema Interamericano. Ha publicado numerosos trabajos sobre justicia constitucional y derechos humanos en obras colectivas y revistas especializadas. Posee una amplia experiencia en temas vinculados al Sistema Interamericano, habiendo trabajado en el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por más de 6 años.

Fue electo Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Asamblea General de la OEA el 28 de junio de 2024, para el período 2025-2030.

Previamente, se desempeñó como Oficial Jurídico en el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA con sede en Washington, D.C., desde el 2006 hasta el 2012. Entre otras funciones, prestó asesoramiento a los órganos políticos de la Organización en temas varios vinculados al derecho internacional y a los derechos humanos, y en particular, brindó apoyo al Grupo de Trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en el proceso de elaboración de las convenciones interamericanas contra el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia.