
Moody’s evalúa al país en el marco de la calificación soberana otorgada
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La calificadora internacional de riesgo Moody’s concedió a nuestro país el grado de inversión en julio del año pasado y los técnicos de la entidad se encuentra evaluando la marcha de la economía, para actualizar el informe sobre nuestro país.
Moody’s es la primera calificadora que otorgó a Paraguay el grado de inversión, en tanto la Standard & Poor’s y Fitch Ratings mantienen al país a un escalón de dicha calificación, pero las autoridades del gobierno esperan que se concrete próximamente.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reportó este miércoles que su titular, Carlos Fernández Valdovinos, junto con el viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, mantuvo una reunión con analistas de Moody’s en el marco de la revisión anual de la calificación soberana de Paraguay para 2025.
La nota señala que la delegación de la calificadora internacional está encabezada por Samar Maziad, vicepresidenta y analista senior, e integrada por Dylan Walsh, analista asociado.
Ministro destacó los avancesEl ministro, según la nota, destacó durante la reunión el sólido desempeño económico reciente de Paraguay frente a sus pares con grado de inversión, así como las proyecciones que prevén un crecimiento robusto del 4,4% para 2025, pese a un entorno internacional desafiante.
Añadió, que en materia fiscal se presentó el cierre de 2024, en el que el país cumplió su meta de déficit del 2,6% del PIB. “Este resultado estuvo respaldado por un sólido desempeño tributario, con un crecimiento interanual del 20,3%, y por una gestión prudente de los recursos adicionales. Cabe destacar que el país alcanzó un nivel récord de presión tributaria sin incrementar las tasas impositivas”, destacó.
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Subrayó que la deuda pública se mantiene entre las más bajas de sus pares y se proyecta que disminuya en el mediano plazo, apoyada en favorables perspectivas de crecimiento económico y en un avance decisivo hacia la consolidación fiscal prevista para el 2026.
“Adicionalmente, se resaltó la mejora del perfil de la deuda en dimensiones clave, como la gradual desdolarización del endeudamiento público y la extensión de plazos, resultado de una administración activa de los pasivos”, indica la nota del MEF.
También se presentaron los avances en la implementación de las reformas estructurales y el nuevo paquete de diez leyes económicas orientadas a impulsar la inversión privada y modernizar el Estado, afirma el reporte del MEF.
Claridad legal para inversoresLa jefa de la delegación de Moody’s la semana pasada participó de la “Primera Convención Bancaria Py 2025” y desarrolló el tema de “atracción de inversiones y el rol de la banca en un mercado con grado de inversión”.
En dicha ocasión entre otros puntos, enfatizó la necesidad de seguir con las reformas claves, a lo que agregó que la reforma de Caja Fiscal debe estar en esa línea de prioridades (aunque el gobierno aún no avanzó en ese proceso).
También resaltó la importancia de tener más claridad en los sistemas de las leyes y reglamentos, pero acotó que eso se introduce a medida que la economía crece y se añade la tecnología.
“Siempre hay que estar adelante del mercado y es muy importante tener claridad legal para los inversores en todas partes”, afirmó Samar Maziad.
La evaluación de la calificadora internacional, encabezada por Maziad, se da en un momento en que el presidente de la República, Santiago Peña, pone en entredicho la seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera, al ordenar el cierre temporal de la cadena Biggie, a través de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), una medida sin precedente en la historia de nuestro país.
Pronunciamiento de empresariosLa decisión de Peña afecta a 263 locales de la cadena ubicados en todo el país, que forma parte del Grupo Zuccolillo, del que también es parte ABC Color, crítico al gobierno de Peña; y a 5.300 empleados, cuando que las irregularidades supuestamente detectadas involucran a 12 establecimientos.
Los gremios empresariales se pronunciaron sobre el tema, entre ellos el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), que señaló la “desproporcionalidad de la sanción ante las eventuales faltas cometidas”.
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Resaltó la “excepcionalidad” en la forma y los plazos en que esas instituciones actuaron “para aplicar una sanción cuyos objetivos no son claros” y manifiesta que “las últimas decisiones políticas y económicas restan confianza, credibilidad, seguridad jurídica e institucional”.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, Ricardo Dos Santos, dijo que la sanción es desproporcional a las irregularidades denunciadas y “genera todo tipo de dudas sobre la calidad de las decisiones y sobre la seguridad jurídica”.