La recusación en contra de la jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía fue promovida por derecho propio por el acusado Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel “Celular”, sindicado por supuestamente liderar una red narco desmantelada con la Operación Belia y de financiar al grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC) y también al Comando Vermelho, ambos del Brasil.

Atendiendo esto, la magistrada solicitó al acusado de supuesto lavado de activos y asociación criminal que argumente la recusación planteada. Sin embargo “Miguel Celular”, quien participa de la audiencia preliminar por medios telemáticos desde la Penitenciaría Regional de Emboscada, expresó que la abogada patrocinante Giselle Gutiérrez era quien debía explicar el fundamento de la recusación, ya que “ella preparó el escrito”.

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La jueza Rosarito Montanía cedió la palabra a la letrada, pero la misma tampoco supo fundamentar la recusación promovida contra la magistrada, que según el escrito presentado es en base a lo establecido en inciso 13 del artículo 50 del Código Procesal Penal.

Luego de solicitar al acusado y a la abogada patrocinante que argumenten el recurso planteado, la jueza de Garantías dio trámite a la recusación y ahora el caso queda a cargo de la Cámara de Apelaciones, donde un tribunal de alzada debe estudiar lo planteado por Miguel “Celular”, solicitando que Montanía se aparte de entender en la presente causa.

Recusación es por “doble juzgamiento”, según Miguel “Celular”

En el escrito de recusación presentado esta mañana, Miguel Ángel Servín Palacios fundamenta que en la presente causa es acusado por la supuesta comisión de los hechos punibles de lavado de activos, que es un delito derivado de una actividad delictiva, que constituye el hecho precedente investigados en los casos “Belia”, “Texas”, “Digsimus”, “Swiffer” y otros, según el documento.

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Sobre el punto el acusado señala que el hecho precedente en la presente causa penal corresponde al mismo hecho por el que actualmente está afrontando juicio oral y público en la causa “Cristian César Turrini s/ Ley N° 1881/2002 que modifica la Ley N° 1340″.

“En este juicio se investigaron los mismos hechos atribuidos a mi parte en esta causa y ahora se pretende volver a juzgarme; el origen de los hechos que me atribuyen (lavado de activos), como bien sabemos, requiere de una calificación previa de antijuridicidad de los hechos precedentes”, resalta parte el escrito de recusación presentado por Miguel “Celular”.

Ante dicha circunstancia, el acusado afirma en la recusación que el juicio oral señalado está en plena prosecución, a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Federico Rojas (presidente), María Luz Martínez y Jazmín Cáceres; por lo que no puede abrirse y mucho menos continuar otro proceso, “con el sólo objetivo de arrebatar los bienes”, de acuerdo a lo fundamentado en el escrito de recusación.

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Esquema de lavado del entorno de Miguel Servín

La acusación presentada por el entonces fiscal de Delitos Económicos Juan Ledesma, y ratificada al inicio del presente audiencia preliminar por el fiscal antidrogas Luis Said, es por los hechos asociación criminal y lavado de dinero, según la Ley 1340/1988, así como lavado de dinero y asociación criminal, en calidad de coautores, de acuerdo con lo prescrito en el Código Penal.

Los demás acusados son la exesposa de Servín, Liz Katherine Lailla Villalba, su expareja, la ciudadana brasileña Bruna Regina Martins Morais, su exsecretario Elvio María Vega Chaparro, alias Koki, Hugo Antonio Meza Huespe, María Silvia Lezcano Monges y Francis Marcelo Rojas Benítez, quienes serían sus testaferros, según la acusación.

La Fiscalía sostiene que “Miguel Celular” era el encargado de contactar con los compradores de sustancias estupefacientes en Europa, que posteriormente contactaban con Cristian Turrini Ayala (condenado) vía correo electrónico solicitando el cargamento de carbón, (para dar apariencia de legalidad-comercio internacional) el cual tenía como destino final Israel y Portugal, pero utilizando la ruta marítima con conexión a Bélgica, punto donde el cargamento ilícito sería descargado.

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Básicamente, la Fiscalía sostiene que entre los años 2010 y 2021 Miguel Ángel Servín Palacios y su esposa Liz Katherine Laila Villalba fueron los encargados de coordinar y supervisar el esquema de lavado de activos proveniente del tráfico internacional de drogas, ya que obtuvieron beneficios de los réditos que producían las actividades ilícitas lideradas y coordinadas por Miguel Celular.