El cotizante general continúa siendo el principal sostén del sistema con 608.499 aportantes, frente a los 570.424 del mismo mes de 2024, lo que equivale a un aumento de 38.075 personas. El grupo concentra más de la mitad del total de afiliados y muestra la mejora del empleo asalariado formal, aunque no necesariamente del empleo de calidad, ya que muchos trabajadores enfrentan salarios ajustados y alta rotación en sectores como el comercio y los servicios.

El segundo grupo con mayor número de titulares corresponde a los jornaleros a destajo, que sumaron 118.612, con un incremento interanual de 5.241, que podría interpretarse como un avance en la formalización parcial de actividades temporales, pero también evidencia la precarización del empleo.

En tercer lugar, se ubican los magisterios oficiales, con 98.526 cotizantes, 1.905 más que el año anterior. La expansión del plantel docente público muestra un avance en el empleo estatal, aunque se mantiene la dependencia del presupuesto público y la escasa movilidad hacia el sector privado formal. En tanto, los jubilados del régimen general ascienden a 43.516, con una reducción de 1.077 beneficiarios.

El número de jubilados del magisterio oficial se incrementó a 36.949, con 2.658 nuevos casos, lo que confirma el peso del sistema educativo dentro del gasto previsional. A la par, los trabajadores a tiempo parcial mostraron una importante dinámica ascendiendo a 25.077, 13.829 más que en 2024, reforzando una tendencia hacia empleos de menor carga horaria y menor aporte previsional, lo que podría afectar la futura cobertura jubilatoria de estos trabajadores.

En el otro extremo, los grupos con menos afiliados -como la pensión por accidente parcial, la jubilación no contributiva bajo la Ley 5555/15 o los jubilados intercajas, con apenas un titular cada uno- reflejan la dispersión normativa del sistema, con regímenes que en muchos casos son residuales o ineficientes para captar nuevos aportantes. La coexistencia de múltiples leyes con escasa adhesión plantea el reto de simplificar y modernizar el marco previsional.

En términos generales, el crecimiento del número de cotizantes es positivo, pero no debe interpretarse como un fortalecimiento pleno del sistema. La estructura de afiliación muestra una alta concentración en empleos asalariados de baja productividad, una brecha de formalización en el trabajo doméstico y rural, y una presión creciente de los jubilados sobre un sistema que ya enfrenta tensiones financieras.

La sostenibilidad del IPS dependerá de su capacidad para diversificar las fuentes de financiamiento, reducir la evasión y modernizar la gestión de aportes y beneficios. De lo contrario, el aumento de afiliados podría convertirse en una expansión frágil: más trabajadores registrados, pero con trayectorias laborales inestables y futuros derechos previsionales insuficientes.

El desafío, por tanto, no solo radica en aumentar la cantidad de cotizantes, sino en elevar la calidad del empleo formal y garantizar que el sistema responda de manera sostenible al cambio demográfico y al envejecimiento de la población.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.