Víctimas del esquema de estafas denominado “Mafia de los pagarés” se volvieron a movilizar este lunes frente al Palacio de Justicia de Asunción, sede central del Poder Judicial, exigiendo a la Corte Suprema de Justicia que tome medidas concretas para castigar a los responsables de los actos ilegales denunciados y para el resarcimiento de las víctimas.

El caso “Mafia de los pagarés” se refiere a un esquema por el cual empresas de cobranza, jueces, abogados y oficiales de justicia presuntamente conspiraban para impulsar juicios de ejecución y embargar salarios de deudores de forma fraudulenta, con pagarés de dudosa autenticidad y sin notificar a los afectados.

Pedro Coronel, presidente de la Coordinadora de Víctimas de la “Mafia de los Pagarés”, dijo en declaraciones a ABC Color que “la Corte Suprema es la principal responsable” de un esquema ilegal que tuvo su origen en el Poder Judicial, por lo que “debe tomar medidas contundentes”.

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Añadió que las argumentaciones y acciones tomadas hasta ahora por la máxima instancia judicial no convencen a las víctimas, y dijo que no actuar en defensa de las víctimas supondría favorecer “la indigencia, el hambre y la violación de los derechos humanos”.

Piden anular embargos y descuentos

Las víctimas exigen el cese inmediato de los descuentos genéricos o selectivos a los salarios de las personas contra quienes se promovieron juicios de ejecución en los juzgados denunciados en la causa “Mafia de los pagarés”.

“Son hechos ilícitos que cometieron los jueves y no pueden ser válidos, deben ser anulados automáticamente”, argumentó Coronel. “Eso no generará un caos jurídico como quieren instalar, va a solucionar el caos que ya se generó”.

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El titular de la Coordinadora de Víctimas comentó que tendrá hoy una reunión con el ministro de la Corte Suprema Manuel Ramírez Candia, a quien se le acercarán los reclamos.

Fiscalía acusó a jueces y abogados

En septiembre, el Ministerio Público acusó formalmente y pidió juicio oral para dos jueces, dos exjueces, ocho ujieres, nueve actuarios judiciales, 13 oficiales de Justicia y 27 abogados presuntamente implicados en el esquema ilegal, a quienes la Fiscalía acusa de supuesto prevaricato, producción de documentos no auténticos y otros presuntos delitos.

Según la acusación de la Fiscalía, las notificaciones e intimaciones de pago que deben entregarse a deudores en procesos de preparación de juicios ejecutivos, al igual que los mandamientos de embargo, no eran diligenciados por los ujieres y oficiales de justicia designados.

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El Ministerio Público afirmó también que los jueces que llevaban adelante los procesos manifestaban falsamente en sus resoluciones que los deudores fueron notificados y que estos no comparecieron a reconocer sus firmas para así justificar la realización de juicios ejecutivos y, eventualmente, el embargo de salarios de los deudores.